El 20 de noviembre de 1936 fue fusilado José Antonio Primo de Rivera, abogado y político fundador de la Falange Española, formación con aspiraciones a convertirse en la representación del fascismo en España.
Hijo primogénito del general Miguel Primo de Rivera, que gobernó España como dictador entre 1923 y 1930, quedó huérfano de madre a los cinco años y fue educado, junto a sus cuatro hermanos, por una tía paterna. En su crianza se le infundieron las tendencias militares de su padre y las católicas de su madre y sus tías. Estudió derecho y a comienzos de los años treinta entró en política, sumándose a las filas de la Unión Monárquica Nacional, partido sucesor de la Unión Patriótica de su padre, Miguel Primo de Rivera, con la que se presentó en las elecciones de 1931. De la mano de ella, su intención era 'limpiar' la imagen de su padre, que era generalmente denostada en los años del hundimiento de la dictadura y de la implantación de la Segunda República, fracasó en su intento de obtener un escaño de diputado en las elecciones de 1931. Entró en prisión acusado de haber sido colaborador del intento de golpe de Estado del general Sanjurjo —la Sanjurjada—, aunque salió poco después sin cargos.
Consiguió su propósito en las de 1933, integrado en una coalición conservadora. Utilizó su escaño y las libertades democráticas del régimen republicano para lanzar un nuevo partido de inspiración netamente fascista, atraído por los modelos de Mussolini y Hitler. Es aquí cuando José Antonio Primo de Rivera se convirtió en la figura que ahora se recuerda: se inició en el fascismo para, tras varios intentos fracasados, crear en 1933 Falange Española. Al año siguiente la fusionó con otro grupo de ideología similar, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, dando lugar a FE de las JONS. Combinando la agitación callejera (frecuentemente violenta) de sus jóvenes militantes con la propaganda política, la Falange fue adquiriendo notoriedad en la vida pública española. Pero en las elecciones de 1936 quedó de manifiesto el escaso apoyo que este movimiento tenía en España, obteniendo un 0,7% de los votos y, por lo tanto, quedando sin representación.
Por entonces, la Falange estaba ya decididamente inclinada hacia el uso de la fuerza y el abandono de la lucha política legal, contra el ascenso del poder de la izquierda y de los nacionalismos regionales, que entendía como amenazas contra sus valores esenciales. La derrota electoral de 1936 confirmó esa tendencia y lanzó a los falangistas al pistolerismo y a la conspiración contra la República.
Al perder el escaño que había conseguido años atrás, perdía también la inmunidad parlamentaria. Pronto fue acusado de tenencia ilícita de armas. El gobierno de izquierdas declaró ilegal a la Falange como responsable de desórdenes públicos, y lo encarceló. No ayudó a su proceso que insultara al propio director de la Dirección General de Seguridad, y desde el calabozo escribiera un manifiesto cuya difusión suponía una infracción de la ley de imprenta.
Ambas actuaciones fueron condenadas, pero también revocadas por el Tribunal Supremo. No fueron los únicos procesos a los que estuvo sometido, pero fue uno por desacato y atentado a la autoridad, tras haber insultado y amenazado a los jueces que lo habían condenado a cinco meses de prisión por tenencia ilícita de armas, el que supuso la gota que llenó el vaso: fue condenado a cinco años de prisión y trasladado a una prisión en Alicante a principios de junio.
Mientras, no cejó en su empeño por hacer estallar la República: "España puede dejar de existir (...). Ha sonado la hora en que vuestras armas tienen que entrar en juego para poner a salvo los valores fundamentales (...). La última partida es siempre la partida de las armas", escribió en una carta dirigida a los militares españoles. No fue la única. Correspondencia con el general Mola, más misivas llamando a la insurrección... y entonces, llegó. El 18 de julio de 1936 comenzó la sublevación contra la República, con José Antonio Primo de Rivera aún en la cárcel de Alicante, de la que pensaba salir en cuanto se ejecutara el golpe de Estado. Pero no ocurrió.
En octubre, fue acusado de conspiración contra la Segunda República y rebelión militar, acusaciones que insistió en negar, alegando incomunicación en prisión. Fue condenado a muerte. El Tribunal Supremo confirmó la condena, pese a los intentos por parte del gobernador civil Francisco Valdés Casas de evitar la ejecución. Pero el comité de Orden Público local ordenó la ejecución de la sentencia para la mañana del día 20. La sentencia se cumplió, según versiones, sin esperar el enterado del Gobierno.
Según el socialista Julián Zugazagoitia, José Antonio se acercó a los milicianos que formaban el piquete de ejecución, para intentar convencerles de que no le disparasen, pues no era su enemigo:
“Mi sueño es la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congraciarse con la patria porque carecen de pan y de justicia. Cuando se va a morir no se miente y yo os digo, antes de que me rompáis el pecho con las balas de vuestros fusiles, que no he sido nunca vuestro enemigo. ¿Por qué vais a querer que yo muera?”
Las palabras de José Antonio impactaron en sus ejecutores hasta el punto de que se manifestaron algunas dudas. Uno de ellos, muy nervioso respondió:
“¡Déjanos en paz! Necesitamos cumplir lo que nos está ordenado. No sabemos si eres bueno o eres malo. Solo sabemos que tenemos que obedecer.”
En su testamento expresó: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles». La ejecución no fue en ningún momento precedida por la reglamentaria orden de "fuego", sino que se efectuaron disparos "a capricho", de manera repetida, en varias descargas, a unos tres metros de distancia del falangista, que fue definida como una "carnicería".
La noticia de su muerte llegó pronto a la zona nacional y fue silenciada durante los dos años siguientes, llegándosele a conocer como «el ausente». La figura del mártir, ampliamente explotada en los años siguientes, resultaría quizá más útil y menos incómoda que la del líder político. Además, mientras Primo de Rivera permaneciera vivo pero «ausente», los líderes de Falange no intentarían dotarse de un nuevo líder, siendo así más manejables por la voluntad de Franco de concentrar todo el poder en sus manos. Su imagen idealizada fue honrada durante el franquismo, que lo convirtió en icono y mártir al servicio de la propaganda.
Se ha especulado sobre si desde el bando sublevado se hizo o no lo suficiente para preservar su vida. Las relaciones de Primo de Rivera y Franco nunca fueron buenas. Pero lo cierto es que si existieron diversos intentos de liberación. El Gobierno de la República recibió varias ofertas de los sublevados para canjearlo. Quizá, la que más posibilidades tuvo de llegar a un acuerdo sería la que proponía el intercambio del hijo de Largo Caballero (entonces presidente del Gobierno). Se reunió el Consejo de Gobierno, Largo Caballero se abstuvo de intervenir y, finalmente, el Consejo lo desestimó. Fracasados los intentos de canje, se desarrollaron varias operaciones tipo comando con el conocimiento y la aprobación de Franco. Dos de estas operaciones se realizaron con la colaboración del Tercer Reich alemán, pero estas operaciones fracasaron.
Tras el final de la guerra, el cuerpo fue exhumado y llevado a hombros desde Alicante hasta El Escorial. Y una vez terminada la basílica del Valle de los Caídos, Francisco Franco ordenó que su cadáver fuera trasladado y sepultado allí. Allí fue sepultado hasta que en 2019, tras la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y a pesar de que el gobierno aclaró que José Antonio podía permanecer «con discreción» en el lugar debido a que es víctima del conflicto civil, sus restos fueros trasladados al Cementerio de San Isidro en 2023, tras la petición de sus familiares, para dar cumplimiento al deseo que el político dejó escrito en su testamento, de que sus restos descansaran en un lugar católico.