Francisco Camps se sentará en el banquillo de los acusados. Tras
más de dos años de investigación, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors ha decretado la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat y del PP valenciano por un presunto delito de cohecho impropio al haber recibido, supuestamente, varios trajes pagados por las empresas de la trama Gürtel. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Con él, serán también juzgados
Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y actual portavoz de Economía;
Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell; y
Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo.
En el auto dado a conocer hace tan solo unos minutos, el magistrado Flors pide que presten una fianza equivalente a la multa solicitada por la Fiscalía (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret; y 35.000 euros en el caso de Víctor Campos) y un tercio más de esa cantidad.
Sin embargo, rechaza abrir juicio oral por las supuestas irregularidades administrativas en los distintos contratos de la Administración autonómica con firmas vinculadas a la trama Gürtel. Es decir, reitera que la causa 'de los trajes' no se unirá a la abierta por la supuesta financiación irregular del PP valenciano.
Asimismo, el juez da
un plazo de 15 días a las partes para que comparezcan ante la Sala de lo Civil y lo Penal, que tendrá que designar al presidente del tribunal del jurado. En este caso, corresponde según el turno de la sala al magistrado Juan Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio. El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebrará como mínimo un mes antes de la celebración de la vista.
Según Flors, los acusados podrían haber incurrido, de acuerdo con las pruebas recabadas durante la instrucción, en un delito de cohecho impropio pasivo al aceptar, supuestamente, regalos en consideración a su cargo.
De hecho, apunta en el auto que salvo "cuatro trajes procedentes de Milano" que Camps devolvió al sastre José Tomás "porque no le venían bien, "todas las demás prendas elegidas y encargadas" por los acusados
"fueron recibidas y aceptadas a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe".
El juez explica que "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor"
no pueden equipararse a los regalos o "atenciones de cortesía o mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles".
El magistrado recuerda que en este momento procesal "
no cabe plantearse si existen o no pruebas de cargo que puedan ser idóneas para una condena", en respuesta a los argumentos esgrimidos por las defensas en la vista preliminar.
Al contrario, Flors califica de razonables y fundamentados los escritos de las acusaciones y apunta que los peritos no han podido alcanzar conclusiones "absolutamente inequívocas"
por las deficiencias de los documentos intervenidos (para ocultar los comportamientos irregulares) y la posible "manipulación de datos informaticos" para excluir al presidente Camps.
Flors justifica que si bien los peritos no han podido alcanzar "conclusiones indubitativas", ello se debe a las deficiencias encontradas en los documentos intervenidos.
Aún así, insiste en que "los peritos inspectores de Hacienda llegan a afirmar en su dictamen que
sí se puede concluir razonablemente (...) que su importe fue pagado mediante cheques librados contra cuentas de la titularidad de Orange Market".
Para Flors,
"no consta ninguna otra razón" diferente a la condición de autoridad de los acusados "que permita explicar por qué motivo las sociedades del grupo controlado por Francisco Correa tuvieran que obsequiarles de aquel modo. Ni si quiera la amistad de algunos de ellos con Álvaro Pérez 'El Bigotes', como alegaron las defensas.
Al respecto, el magistrado precisa que 'El Bigotes' no asumía el pago de las prendas con cargo a su patrimonio, sino que era otro de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo,
"con quien no consta relación ninguna de amistad íntima", quien realizaba los abonos materialmente. Estos obsequios, reitera Flors, eran sufragados por sociedades del grupo "que tenían importantes intereses económicos en sus relaciones" con la Generalitat, que.
Asimismo, el auto también cuestiona la última baza de la defensa de Camps, que sostenía que en el caso de que el jefe del Consell hubiera recibido regalos,
lo hizo como presidente del PPCV y no del Gobierno autonómico.
A juicio de Flors, en este caso
no se puede disociar el ejercicio simultáneo de ambas funciones ni asegurar que los obsequios regalados por la trama Gürtel únicamente pudieron influir en la faceta de líder de los 'populares' valencianos.
No en vano, recuerda que Orange Market suscribía contratos tanto con el partido como con la Generalitat, que
adjudicó "sistemáticamente" a la firma de 'El Bigotes' la instalación del pabellón valenciano en FITUR.
"No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y el vicepresidente de una Comunidad Autónoma, a quienes se agasaja,
puede ser de una influencia determinante" entre quienes hacen los regalos y los órganos dirigidos por los imputados.
Estos, insiste Flors, aceptaron que
"un tercero" interesado además en la adjudicación de contratos oficiales pagara unas prendas a medida que ellos encargaron "personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones".
El auto mantiene la imputación a Costa, al que previamente se había excluido por no tener cargo en la Generalitat, al entender ahora que además de haber sido dirigente del PPCV,
era diputado autonómico y ello le confiere "la condición de autoridad" contemplada en el Código Penal para este posible delito. Este mismo razonamiento se extiende a Camps.
El magistrado
enumera las trece pruebas documentales y testificales que avalan la continuidad del proceso -como inventarios, tiques de caja, recibos y hojas de encargo- en las que aparecen varias veces los nombres de Camps, Costa, Campos y Betoret, y describe el modo en que se hacían los encargos en las tiendas Milano y Forever Young.
Dos años acorralado
El juicio es el último capítulo de un serial que ha perseguido a Camps desde febrero de 2009. El día 19 de aquel mes apareció por primera vez su nombre vinculado a la trama destapada en Madrid. Una imputada aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él.
"Saldremos de esta", dijo el jefe del Consell.
Apenas un mes después,
Garzón envió parte del caso Gürtel al TSJ de Valencia tras imputar a Camps, Costa, Campos y Betoret. El juez dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana había recibido trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, regentada por Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
"Claro que me pago mis trajes", sentenció Camps días después rodeado de toda la cúpula del PP.
Las grabaciones de la Policía acreditaron
la relación de Camps con 'El Bigotes'. La conversación del presidente valenciano llamando "amiguito del alma" al empresario y diciéndole aquello de "te quiero un huevo" han perseguido a Camps durante estos años.
Francisco Camps y el resto de imputados
desfilaron por el TSJ en mayo de 2009 para declarar como imputados. El presidente aseguró que su ropa la pagó en efectivo con el dinero que le administra su mujer y que no tiene factura porque nunca la pide. "Llevo muchos años no pidiendo
ni ticket ni factura cuando he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo", explicó en su declaración.
El dirigente 'popular' consiguió
el archivo de la causa en primera instancia por parte del TSJ, pero
el Supremo lo reabrió en mayo del año pasado. Para entonces ya había caído
Ricardo Costa, apartado de la secretaría general del partido y suspendido de militancia por Génova por su "actitud" ante las revelaciones del sumario.
El informe del juez revelaba que hasta
ocho consellers, varios altos cargos y hasta los padres y suegros de Camps recibieron regalos de la trama.
Desde que el Supremo ordenó seguir investigando a Camps, toda la actualidad en torno al presidente circuló entre
la bronca continua en las Cortes Valencianas y la irregular escenificación del apoyo de Rajoy a su barón. Camps ha peleado tanto por defender su inocencia como por sobrevivir al frente del PP valenciano. Lo segundo lo consiguió.
Ganar las elecciones también.
Ahora, con su irremediable camino hacia al banquillo, todo se tambalea de nuevo y su futuro vuelve a ser una enorme incógnita. De fondo, la investigación paralela a la presunta financiación irregular del PP valenciano, una causa en la que Camps no está imputado por el momento, que puede agravar la fatalidad del 'president'.
Asiduo
A ver, como economista intentaría explicarte los conceptos de crédito comercial y monopolio de demanda, pero como eres un ser notablemente inferior te pondré como comparación el hecho de que tu tengas la TV que compraste en El Corte Inglés y no la pagues en los plazos pactados es similar al hecho de que la Sanidad aragonesa compre esas vacunas, el laboratorio se las venda porque no hay otro comprador (sí hay muchos GPV's) y como la gestión pública es pésima tarde hasta un año en pagar
Freak
Forero del todo a cien
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