Prórroga silenciosa del Cupo vasco con «pistolas» de fondo
de los contactos en torno al llamado «proceso de paz», los gobiernos de España y Euskadi están a punto de prorrogar, discretamente, al menos un año, el Cupo vasco, pese a que muchos en el propio PSOE lo ven insolidario e inconstitucional. Como siempre que toca renovarlo, no está el horno para tocar la financiación de Ibarretxe.
Carlos Segovia
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Se acaba de cumplir un año de ese día en que una serie de altos cargos y diputados se encerraban en el despacho del presidente del Senado, Javier Rojo, para no ser vistos por la prensa. Fue allí, ese 14 de diciembre de 2005, cuando el actual gobernador del Banco de España y entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez (Mafo), dejó clara la posición del Gobierno a los representantes de Convergència i Unió: Zapatero estaba dispuesto a negociar y ampliar la capacidad financiera de Cataluña, pero nunca con un sistema de concierto tan favorable como el vigente en el País Vasco.
«¿Y por qué a los vascos sí?», preguntó Quico Homs, diputado de CiU. «Porque allí hay el problema de las pistolas», sentenció Mafo. «¿Entonces, me estás diciendo que la única salida que tenemos los catalanes son las armas?», desafió Homs. «Se produjo entonces un silencio incómodo», según Josep Sánchez-Llibre, que describe la escena en su libro Las veritats del Estatut.
Mafo, nunca diplomático, no hizo sino evocar el secreto a voces que critican los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas desde la Transición. Si no fuera por ETA y la tensión independentista de Euskadi, difícilmente se podría aceptar en una democracia avanzada que País Vasco y Navarra disfrutaran de una financiación por habitante que ha llegado a doblar en algunos ejercicios las de otras comunidades autónomas. Eso gracias al concierto económico y su ajuste quinquenal de cuentas con el Estado que representa el llamado Cupo, es decir, lo que Euskadi o Navarra aportan al Estado en concepto de partidas de gasto no transferidas como la Casa Real, la política exterior o la Defensa.
El Cupo representa actualmente 1.400 millones de euros que remite Euskadi al Estado, pero la cifra no dice mucho, porque es un precio político pactado entre Madrid y Vitoria que, según miembros del propio Ejecutivo de Zapatero, es claramente privilegiado. Tiene que ser renovado cada cinco años y toca hacerlo ahora, antes del 31 de diciembre.
Teóricamente sería una buena oportunidad para empezar a aplicar el programa electoral del PSOE, que establece que la Constitución exige «una nivelación» entre lo que reciben País Vasco y Navarra y el resto de comunidades autónomas.
«Una cosa es que los sistemas forales sean distintos y otra que los resultados de su aplicación contradigan el principio de igualdad», afirma el programa que Zapatero presentó para el 14-M.
Pero no es el momento, la prioridad es el llamado proceso de paz y que no haya nada que lo enturbie. Así que Hacienda y Gobierno vasco, que están llevando el caso con discreción, tienen decidido aprovechar que la legislación prevé prorrogarlos un año más y después, ya a lo largo de 2007, se renovará para el periodo 2008-2013 «con carácter continuista», según augura el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka.
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, intentará mejorar el Cupo aún más para Euskadi con el argumento de que, si va a haber dinero estatal por la Ley de Dependencia para el resto de autonomías, «¿por qué no para Euskadi?». En cambio, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se conformará con que se quede como está, que, en su opinión, ya es más que suficiente.
Pero ni uno ni otro batallan. Además, la prórroga coincide con que los socialistas vascos han vuelto a apoyar este año los presupuestos de Idoia y el PNV, los de Solbes. Prórroga habemus y el vice siempre podrá decir que mantiene el que heredó de Cristóbal Montoro -que tampoco vio el momento para meter mano-.
Pero la polémica continuará. La Constitución, negociada en época de apogeo de las pistolas, consagra el derecho foral de vascos y navarros, pero no obliga a ambas comunidades a ser insolidarias con el resto del Estado. Para el ex secretario de Estado de Hacienda, José Victor Sevilla, hermano del ministro Jordi Sevilla, «es muy obvio que los vascos pagan más o menos los mismos impuestos que el resto de los españoles, pero las haciendas forales tienen más dinero para gastar que el resto, luego está muy claro que hay una infravaloración de lo que aportan al Estado. No tiene nada que ver con derechos históricos, se trata de que las comunidades forales aporten en función de su peso en renta».
Pasqual Maragall defendió el nuevo estatuto catalán para, entre otras razones, «no seguir financiando a los vascos». Sevilla sostiene que hay que modificar el chollo de Euskadi para calmar la fiebre estatutaria del resto de autonomías. «Hay gente molesta con eso del café para todos, pero es lo más adecuado», opina. El barón asturiano del PSOE, Vicente Alvarez Areces, sostiene que el Cupo «vulnera el artículo 138.2 de la Constitución» por insolidario.
A Zenarruzabeitia le sulfura este debate. Según los datos del Instituto Vasco de Estadística, el Estado registró un superávit de 1.400 millones de euros en 2004 en el País Vasco. «Nos llaman insolidarios y somos contribuyentes netos para España», lamentan en la vicelehendakaritza.
Pero hay otros datos. Tanto criticar a Maragall por utilizar el Estatut para arañar 4.000 millones de euros en siete años en inversión de infraestructuras para Cataluña, para que Ibarretxe, a la chita callando, se haya asegurado otro tanto -a descontar del Cupo en parte- para construir la llamada Y vasca, que conecta en AVE las tres capitales vascas con Francia y es de esperar que incluso con Madrid. Por cierto que la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, ha cedido la competencia sobre esta infraestructura, tradicionalmente estatal, al Gobierno vasco en el tramo de Guipúzcoa. Aunque así Maleni -que bastante tiene con la seguridad aérea- se quita el lío de gestionar la vía en un tramo en el que ETA -crítica con el proyecto como lo fue con Leizarán- hará de las suyas.
Euskadi sigue siendo especial y ni a FG, ni al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se les pasa por la cabeza quitar su sede de Bilbao. Su operación de comprar Scottish Power significa 100 millones de euros para las instituciones vascas en impuestos, por eso el propio presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha escrito in person a su homóloga escocesa para que apoye a Iberdrola.
Las empresas vascas también quieren buen ambiente. Eroski -con el sufijo «.es» en su página web- tiene 1.265 tiendas en toda España. No habría bronca, por tanto, pero hay consejeros autonómicos de Hacienda que seguirán mirando a Euskadi recitando a Machado: «Ay, si mi pluma valiera tu pistola».
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