La economía política del caso Leire va mucho más allá del epifenómeno de los pagos ilegales a la “fontanera” del PSOE.
La evidencia apunta a que
se montó una estructura, casi con seguridad desde Moncloa, para subvertir los pilares del Estado de derecho y preservar el poder de Pedro Sánchez. Es, desde el caso GAL, el escándalo más grave de nuestra democracia.
Este socavamiento, sin embargo,
forma parte de un patrón más amplio: el desmantelamiento del Estado en el que el PSOE se embarcó el 13 de noviembre de 2003, cuando Zapatero prometió en el Palau Sant Jordi que “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”.
La realidad electoral española, cada vez más clara,
es que el PSOE solo puede gobernar con los votos del nacionalismo (o cuasinacionalismo) de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin los escaños de estas tres comunidades,
la derecha nacional habría tenido mayoría absoluta en todas las elecciones desde 1996 hasta 2023, salvo en 2004.
Pero para lograr esos votos, el PSOE tiene que comprometerse con el desmantelamiento del Estado, ya sea de forma directa (la reforma de la financiación autonómica) o indirecta (el control partidista de las instituciones). De ahí a intentar destruir la UCO solo hay un paso, y se da a la primera tentación.
Por tanto, el PSOE solo elegirá como secretario general a alguien como Zapatero o Sánchez, a quienes el Estado trae al fresco. No son accidentes: son la respuesta estructural del sistema. No hay “PSOE bueno”, porque un “PSOE bueno” no puede gobernar y la mayoría de sus militantes no tienen vocación de suicidio político. Para suicidarse, es mucho más rápido apuntarse a Podemos.
Enfrente solo
hay un PP sin la menor visión de futuro (la reciente visita de Feijóo a Cataluña demuestra, por enésima vez,
que el PP no tiene plan para nada) y
un Vox con un Santiago Abascal que no da más de sí (que Vox ronde el 18%-20% en las encuestas, dada la situación actual,
debería leerse como un fracaso).
El problema es que
no veo salida en el marco actual. Tras la crisis del euro surgieron dos proyectos de reforma: C’s y Podemos. Los votantes rechazaron ambos. Sí, los dos partidos cometieron errores tácticos y de liderazgo, pero, a fin de cuentas, el votante mediano prefirió lo malo conocido (PSOE y PP) a lo malo por conocer (C’s y Podemos). El votante mediano no quiere que nada cambie porque vive del Estado, de forma directa (pensiones, empleo público) o indirecta (transferencias varias, regulaciones).
Creo que todo esto saltará por los aires en algún momento hacia 2030, año arriba o año abajo. Pero no descarto que sigamos, en su lugar, un camino de declive irreversible. Con una fecundidad de 1,1 hijos por mujer y la inmigración que tenemos, quizá en 2080 la España que conocemos desde 1492 ya no exista.
Y si usted, lector, me pregunta qué se puede hacer: no solo no lo sé, sino
que dudo que pudiera arreglar nada aunque yo fuera el que tomara las decisiones.