Basura_Humana
Forero del todo a cien
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- 12 Sep 2006
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(Libertad Digital) La demanda presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo por cinco reportajes publicados por el diario de Sopena, ha sido ratificada por el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, que ha condenado a su director y a otros dos periodistas, José María Garrido y Pascual Mogica, por intromisión ilegitima en el derecho al honor de la AVT.
De este modo, la sentencia condena a Sopena y a la entidad "Corporate Communicator S.L." ( ElPlural.com Periódico Digital) a indemnizar a la AVT, con más de 40.000 euros, por los daños morales que le ha causado. Además, dicho diario deberá publicar íntegramente el fallo judicial en la fecha en la que se haga firme, debiendo estar en las mismas condiciones que los reportajes publicados.
En este sentido, los condenados informaban sobre hechos no confirmados en las que vertían acusaciones muy graves. Los periodistas de dicho diario aseguraban que la AVT cobraba a las viudas y a las víctimas así como que su presidente, Francisco José Alcaraz, cobraba hasta 6.000 euros mensuales en dietas. También acusaban a su mujer de recibir 3.000 euros como responsable del gabinete jurídico. Así, el fallo desmonta este tipo de acusaciones que pretendían desprestigiar a la asociación mayoritaria de víctimas.
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De este modo, la sentencia condena a Sopena y a la entidad "Corporate Communicator S.L." ( ElPlural.com Periódico Digital) a indemnizar a la AVT, con más de 40.000 euros, por los daños morales que le ha causado. Además, dicho diario deberá publicar íntegramente el fallo judicial en la fecha en la que se haga firme, debiendo estar en las mismas condiciones que los reportajes publicados.
En este sentido, los condenados informaban sobre hechos no confirmados en las que vertían acusaciones muy graves. Los periodistas de dicho diario aseguraban que la AVT cobraba a las viudas y a las víctimas así como que su presidente, Francisco José Alcaraz, cobraba hasta 6.000 euros mensuales en dietas. También acusaban a su mujer de recibir 3.000 euros como responsable del gabinete jurídico. Así, el fallo desmonta este tipo de acusaciones que pretendían desprestigiar a la asociación mayoritaria de víctimas.
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