Jacques de Molay
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El Gobierno quiere que los inmigrantes puedan votar en las municipales
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aceptó esa posibilidad en la Comisión de Inmigración del Congreso, en respuesta a una iniciativa de Izquierda Unida
MADRID. El Gobierno podría abordar durante esta legislatura una iniciativa por la cual todos los inmigrantes con permiso de residencia permanente tendrían derecho al voto en las elecciones municipales y, en consecuencia, la posibilidad de ser elegidos alcaldes. Los ciudadanos comunitarios y noruegos ya lo tienen reconocido. Sin embargo, de realizarse la reforma, el vuelco electoral en muchas localidades españolas sería espectacular, con unos previsibles beneficios para los partidos de izquierda.
El pasado lunes, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, compareció en la Comisión de Inmigración del Congreso para anunciar algunas de las medidas más importantes que se recogen en el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería, que finalmente fue presentado al día siguiente a los distintos grupos políticos y agentes sociales para su discusión.
El grueso de la sesión se centró en nuevas propuestas para la regularización de los extranjeros en situación ilegal, que habían provocado en agosto un profundo debate público tras algunos polémicos adelantos realizados por la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí. Al final de la misma, minutos antes de las nueve y veinte de la noche, se produjo una intervención del ministro, que entonces pasó prácticamente inadvertida, pero que tiene un enorme calado.
En respuesta a una propuesta del diputado del grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde, Joan Herrera, Caldera admitió que el Gobierno estudiaría adoptar las medidas necesarias para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a todos los inmigrantes que tengan residencia permanente en España.
Cuestión de reciprocidad
La Constitución sólo reconoce ese derecho a los extranjeros con cuyos países existe reciprocidad; es decir, aquellos en los que los españoles también pueden votar en la elección de los alcaldes y, lógicamente, también a ser elegidos. En estos momentos, ese requisito sólo lo cumplen las 25 naciones que forman la Unión Europea, además de Noruega; para que esa idea del Gobierno de Zapatero pueda plasmarse, deberían firmarse convenios específicos con los estados afectados.
Las intervenciones literales de Herrera y Caldera en la comisión acerca de este delicado asunto fueron las siguientes:
El diputado de IU-EV destacó que «creemos que no se puede hablar de integración real y efectiva sin que en la agenda política se hable ya del derecho de voto (...) Nuestro grupo entiende que ésta es una necesidad apremiante. Más allá del reglamento, más allá de políticas razonables que no se han adoptado, es imposible la integración y la incorporación de ciudadanos que han decidido vivir y trabajar con nosotros durante muchos años, que no están de paso, sin este derecho de voto (...) Le anuncio que vamos a perseverar, nuestro grupo entiende que ésta es la legislatura del derecho de voto para los inmigrantes como mínimo en las municipales, y entendemos que éste no es sólo un compromiso nuestro, sino también compartido con el Gobierno y con su grupo, que así lo especificaba en su programa».
Caldera respondió entonces que «es una línea que tenemos que explorar, donde me gustaría que hubiera el máximo consenso posible, porque estas materias son constituyentes (...) Creo que, efectivamente, es probable que haya que abordarlo a lo largo de la legislatura. Ojalá que sea con el consenso de todos».
Izquierda Unida ya había pedido esta reforma en la anterior legislatura, pero entonces no encontró eco dado el reparto de fuerzas que había entonces en el Parlamento, con una mayoría absoluta del Partido Popular. El 26 de mayo pasado, el Congreso debatió una moción de Esquerra Republicana de Catalunya sobre política de extranjería en la que también se proponía «avanzar, previo consenso social y político, hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones locales».
Una medida de estas características daría el derecho al voto a cientos de miles de inmigrantes no comunitarios. Es fácil suponer el vuelco electoral que esto provocaría en muchas ciudades y pueblos de España.
Maniobra política
Fuentes consultadas por ABC destacan que los grandes beneficiados serían los partidos de izquierda, por la obviedad de que se trata de una iniciativa auspiciada por ellos. En algunos sectores se cree, por tanto, que se trata de una maniobra política de gran calado que alteraría sustancialmente el reparto de poder local que existe en la actualidad.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos dos millones y medio de extranjeros con permiso de residencia, de los que 1.700.000 son no comunitarios. Como es lógico, con la reforma no tendrían derecho a voto todos ellos, porque hay muchos que sólo tienen permiso temporal y otros que son menores de edad. No obstante, el proceso de regularización planteado por el Ejecutivo podría facilitar que en 2007 -fecha de las próximas elecciones municipales-, un número importante de extranjeros hayan accedido a la residencia permanente.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aceptó esa posibilidad en la Comisión de Inmigración del Congreso, en respuesta a una iniciativa de Izquierda Unida
MADRID. El Gobierno podría abordar durante esta legislatura una iniciativa por la cual todos los inmigrantes con permiso de residencia permanente tendrían derecho al voto en las elecciones municipales y, en consecuencia, la posibilidad de ser elegidos alcaldes. Los ciudadanos comunitarios y noruegos ya lo tienen reconocido. Sin embargo, de realizarse la reforma, el vuelco electoral en muchas localidades españolas sería espectacular, con unos previsibles beneficios para los partidos de izquierda.
El pasado lunes, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, compareció en la Comisión de Inmigración del Congreso para anunciar algunas de las medidas más importantes que se recogen en el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería, que finalmente fue presentado al día siguiente a los distintos grupos políticos y agentes sociales para su discusión.
El grueso de la sesión se centró en nuevas propuestas para la regularización de los extranjeros en situación ilegal, que habían provocado en agosto un profundo debate público tras algunos polémicos adelantos realizados por la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí. Al final de la misma, minutos antes de las nueve y veinte de la noche, se produjo una intervención del ministro, que entonces pasó prácticamente inadvertida, pero que tiene un enorme calado.
En respuesta a una propuesta del diputado del grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde, Joan Herrera, Caldera admitió que el Gobierno estudiaría adoptar las medidas necesarias para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a todos los inmigrantes que tengan residencia permanente en España.
Cuestión de reciprocidad
La Constitución sólo reconoce ese derecho a los extranjeros con cuyos países existe reciprocidad; es decir, aquellos en los que los españoles también pueden votar en la elección de los alcaldes y, lógicamente, también a ser elegidos. En estos momentos, ese requisito sólo lo cumplen las 25 naciones que forman la Unión Europea, además de Noruega; para que esa idea del Gobierno de Zapatero pueda plasmarse, deberían firmarse convenios específicos con los estados afectados.
Las intervenciones literales de Herrera y Caldera en la comisión acerca de este delicado asunto fueron las siguientes:
El diputado de IU-EV destacó que «creemos que no se puede hablar de integración real y efectiva sin que en la agenda política se hable ya del derecho de voto (...) Nuestro grupo entiende que ésta es una necesidad apremiante. Más allá del reglamento, más allá de políticas razonables que no se han adoptado, es imposible la integración y la incorporación de ciudadanos que han decidido vivir y trabajar con nosotros durante muchos años, que no están de paso, sin este derecho de voto (...) Le anuncio que vamos a perseverar, nuestro grupo entiende que ésta es la legislatura del derecho de voto para los inmigrantes como mínimo en las municipales, y entendemos que éste no es sólo un compromiso nuestro, sino también compartido con el Gobierno y con su grupo, que así lo especificaba en su programa».
Caldera respondió entonces que «es una línea que tenemos que explorar, donde me gustaría que hubiera el máximo consenso posible, porque estas materias son constituyentes (...) Creo que, efectivamente, es probable que haya que abordarlo a lo largo de la legislatura. Ojalá que sea con el consenso de todos».
Izquierda Unida ya había pedido esta reforma en la anterior legislatura, pero entonces no encontró eco dado el reparto de fuerzas que había entonces en el Parlamento, con una mayoría absoluta del Partido Popular. El 26 de mayo pasado, el Congreso debatió una moción de Esquerra Republicana de Catalunya sobre política de extranjería en la que también se proponía «avanzar, previo consenso social y político, hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones locales».
Una medida de estas características daría el derecho al voto a cientos de miles de inmigrantes no comunitarios. Es fácil suponer el vuelco electoral que esto provocaría en muchas ciudades y pueblos de España.
Maniobra política
Fuentes consultadas por ABC destacan que los grandes beneficiados serían los partidos de izquierda, por la obviedad de que se trata de una iniciativa auspiciada por ellos. En algunos sectores se cree, por tanto, que se trata de una maniobra política de gran calado que alteraría sustancialmente el reparto de poder local que existe en la actualidad.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos dos millones y medio de extranjeros con permiso de residencia, de los que 1.700.000 son no comunitarios. Como es lógico, con la reforma no tendrían derecho a voto todos ellos, porque hay muchos que sólo tienen permiso temporal y otros que son menores de edad. No obstante, el proceso de regularización planteado por el Ejecutivo podría facilitar que en 2007 -fecha de las próximas elecciones municipales-, un número importante de extranjeros hayan accedido a la residencia permanente.
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