Las aportaciones del Gobierno español son de cinco clases. Primera. El Ejecutivo dona y recauda el impuesto eclesiástico: el 0,52% del IRPF que los contribuyentes asignan voluntariamente a la Iglesia católica. El Estado no sólo cede una pequeña parte (la cual, si todos pagaran lo que deben, sería una cantidad considerable) de un impuesto al que tiene derecho exclusivo, sino que ahorra los costos de recaudación a la Iglesia y le asegura un nivel de ingresos que de otra manera ésta no recogería. Segunda. El Estado complementa con aportaciones directas del erario público lo que falta para llegar al nivel comprometido en el presupuesto anual (150 millones de euros en el 2005). Las aportaciones de los fieles no suelen superar en mucho los 100 millones de euros, por lo que este año el resto, de unos 40 o 50 millones de euros, será una aportación directa del Estado. Tercera. El Estado exime a la organización eclesial de varios impuestos: IVA (lo cual no agrada a la Unión Europea), IBI (sobre los muchos inmuebles que posee), sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones (importante para la Iglesia por las herencias que recibe). Constituyen estas renuncias fiscales una discriminación positiva a favor de la Iglesia católica, que no se suele mencionar cuando se habla de su financiación, pero suponen muchos cientos o miles de millones de euros cedidos por las administraciones públicas a la Iglesia. Cuarta. El Estado destina unos 500 millones de euros para pagar a los profesores de Religión en las escuelas públicas y a los capellanes en hospitales, prisiones y cuarteles. Paga asimismo por la conservación de monumentos y obras de arte que son patrimonio de la Iglesia. Quinta. El Estado paga más de 2.000 millones de euros a las órdenes religiosas que regentan las escuelas concertadas. Es la cifra que da el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Por otra parte, algunas administraciones públicas --comunidades autónomas y ayuntamientos-- contribuyen a financiar instituciones de la Iglesia que se dedican a obras de beneficencia (hospitales, asilos, orfelinatos y centros de caridad). A estos servicios que prestan las instituciones eclesiásticas se les paga de la misma manera que a los demás proveedores de servicios públicos. Hay que reconocer que estas obras asistenciales de la Iglesia ahorran costos --y quebraderos de cabeza-- a las administraciones. No quizá en la cuantía extrema que a veces se menciona (¡30.000 millones de euros es una absurda exageración!), pero sí en una parte importante.
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