La Iglesia católica ha registrado más de mil propiedades en los últimos 12 años gracias a una norma franquista (la Ley Hipotecaria, de 1946) que el Gobierno de José María Aznar amplió en 1998. Inicialmente, su artículo 206 permitió a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, a excepción de los “templos destinados al culto católico”. En su primera legislatura, el PP retiró la excepción con el Real Decreto 1.867, sin llevarlo a debate en el Congreso de los Diputados. Gracias a esta ley, la Iglesia ha llegado a registrar catedrales por menos de 30 euros.
El privilegio se ha convertido en un problema para centenares de municipios en la última década, desde Alicante hasta Cáceres o León. La mayoría son pequeñas localidades, cuyos ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado o mantenido propiedades abandonadas durante décadas y muy deterioradas.
El Registro de la Propiedad no detalla cuántas ha registrado la Iglesia desde 1998, ya que figuran a nombre de diversas instituciones. El único informe que existe lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales son lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
El clero registró desde la catedral de Pamplona, en 2006, hasta templos de pequeños municipios como Pardesivil (León), en 2009. La basílica pamplonesa siempre fue sostenida con fondos públicos (la última inversión fue de 15 millones de euros). En la pedanía leonesa, con ocho habitantes en invierno, sus vecinos invirtieron 6.000 euros para reparar la ermita, abandonada hacía 35 años. Cada registro supuso entre 20 y 30 euros.
El Arzobispado de Pamplona y Tudela entiende que fueron una “obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios”. “La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud”, asegura en un comunicado. “Si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales. No queremos nada que no sea nuestro”, insta el ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún. “Y, hasta ahora, ninguno lo ha hecho”, apunta.
Registros en la sombra
Los municipios encuentran dos problemas para realizar estas reclamaciones en los tribunales: muchos tienen pocos habitantes y no saben cómo actuar y, el más importante, el respaldo legal con el que cuenta aún la Iglesia.
La Ley Hipotecaria permite realizar estas inmatriculaciones sin el conocimiento público. Su artículo 206 da un privilegio especial al clero para realizar los registros: “Basta con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, y no se requiere el visto bueno de ningún poder público ni notario”, explica Belén Madrazo, directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
De este modo, la Iglesia mantiene un poder, que le fue otorgado en la posguerra, y que le da un rango equiparable a un organismo público. “La mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido”, denuncia el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres.
El especialista encuentra una posible salida legal al problema: la inconstitucionalidad del texto. “Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas”.
EL RESPALDO LEGAL DE UNA NORMA FRANQUISTA
¿Por qué la Iglesia no necesita notarios?
“Se les supone la rigurosidad a ellos”, explica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Desde que se aprobó la Ley Hipotecaria en 1946, a los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inmatricular fincas, edificios u otros espacios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo.
¿Quién equiparó su poder al de la Administración pública?
Para registrar terrenos y propiedades, Francisco Franco. En el caso de los templos, José María Aznar. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a la Iglesia católica (no a todas las confesiones religiosas) registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario puso coto a la Ley Hipotecaria y excluyó “los templos destinados al culto religioso” de esta posibilidad. En 1998, el PP retiró esta excepción.
¿Cuánto le cuesta incorporar una propiedad a su patrimonio?
El precio que paga la Iglesia es de entre 20 y 30 euros. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro denuncia que por “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de mil bienes del patrimonio navarro”.
BIENES REGISTRADOS POR LA DIÓCESIS NAVARRA
Atrios, viviendas, viñas, olivares y hasta un frontón
- Una plataforma de municipios exige la devolución de más de 600 templos
- “La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro”, denuncia Esparza
- La diócesis de Navarra registró en diez años 841 iglesias y ermitas
El 16 de abril de 1706, el Ayuntamiento de Pamplona suspendió las corridas de toros de San Fermín durante seis años. El objetivo: sufragar el gran gasto que suponía construir la capilla de la ciudad en honor al santo. Cuando terminaron las obras en 1717, el consistorio asumió su patronazgo por medio de tres regidores municipales.
En la actualidad, es una de las capillas más demandadas para bodas y otros actos religiosos privados. Y, en consecuencia, la que más dinero genera en la ciudad. El Arzobispado de Pamplona y Tudela la registró como propia en 2003 sin avisar al municipio. Desde que se destapó la operación en 2007, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro reclama su naturaleza pública, al igual que otros 1.085 bienes que este arzobispado se anexionó entre 1998 y 2007.
La plataforma está formada por 117 municipios de la región bajo un denominador común: “La Iglesia nos ha robado a todos algo que era nuestro”, denuncia José María Esparza, uno de sus miembros.
Epicentro social
Muchos de estos templos “se construyeron en tiempos en los que las iglesias no sólo eran lugares de culto: en ellas se celebraba la vida social de los pueblos. No sólo eran sitios religiosos. Por ello, todos los vecinos participaban de su financiación”, explica Esparza. La plataforma presentó a finales del año pasado el libro Escándalo monumental (Ed. Al Taffaylla), en el que documenta las 117 demandas. Sus autores son Esparza y el sacerdote Pedro Leoz.
Entre los 1.086 bienes que registró el arzobispado navarro hay 650 templos parroquiales, 191 ermitas, nueve basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, dos atrios, ocho cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón. “Muchas de estas apropiaciones son prácticas que van en contra de los principios de la Iglesia católica. En los Evangelios, Jesús siempre habla de los pobres, nunca del poder ni de las propiedades”, critica Leoz.
Terrenos bajo sospecha
Pero los litigios no sólo afectan a los templos. En Bera, por ejemplo, dos familias reclaman los 5.050 metros cuadrados de terrenos -en el centro del pueblo y de gran valor inmobiliario- que la diócesis registró en 2007. Los denunciantes aseguran que en su día los cedieron, con fines educativos, a las Monjas de la Caridad. Cuando las religiosas cesaron su actividad, los vecinos reclamaron los terrenos. La diócesis no comenta casos concretos y defiende que todos los bienes inscritos son suyos. Las aportaciones que realizaron los vecinos durante décadas fueron “voluntarias”, apunta un portavoz.
En pueblos como Etxabarri, Galdeano, Eulz o Muneta, sus habitantes denuncian que el mantenimiento de las iglesias y ermitas, al igual que el frontón o las calles, se sufraga en auzolan (en grupo), un sistema que les da acceso a beneficios comunales como son los lotes de leña. Por ello, argumentan, no se trata de donaciones voluntarias.
La mayoría de la población que reclama el carácter público de los templos procede de pequeños municipios. Tras conocer los registros del arzobispado, ni los vecinos ni sus dirigentes supieron cómo reclamar las propiedades. Una vez conformada la plataforma, se encontraron con que la ley aún privilegia, como en 1946, el testimonio de los obispos como si fuese el de un organismo público.
LA CARA Y LA CRUZ DE LAS LUCHAS VECINALES
Decenas de municipios se enfrentan al registro de propiedades y terrenos públicos por parte de la Iglesia
- Además de iglesias, el clero ha registrado decenas de fincas y obras de arte
Desde la fortaleza de Xàbia, que el Arzobispado de Valencia hizo suya el año pasado –sin permiso municipal– hasta los 25.000 metros cuadrados que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, regaló al Arzobispado de Madrid para la construcción de un Minivaticano en terreno público, en una de las zonas más emblemáticas de la capital. El clero católico ha engrosado su patrimonio en los últimos 12 años con centenares de propiedades y espacios públicos. La privatización de estos lugares en favor de una entidad religiosa ha encrespado a miles de vecinos, que denuncian que se les está robando parte de su “Historia”.
La mayoría de las polémicas radican en que el clero ha registrado piezas artísticas, plazas o fincas públicas sin previo aviso, amparándose en una reforma legislativa impulsada por José María Aznar sin que la norma fuera refrendada en el Parlamento. Algunas, incluso, están salpicadas por la sombra de la especulación urbanística. A falta de un movimiento único organizado, las asociaciones vecinales han emprendido más de mil reclamaciones en los últimos tres años. El principal problema con el que se encuentran es la imposibilidad de demostrar que el dinero que se utilizó para la construcción o compra de muchas de estas propiedades ha salido históricamente de arcas municipales o de los bolsillos de particulares.
En algunos lugares, como la aldea de Ribadulla (A Coruña), el obispado castigó a los vecinos rebeldes con una denuncia y la retirada del sacerdote que impartió misa durante 30 años por la disputa de unos terrenos: o la misa o la propiedad. En la mayoría de los casos, el Registro de la Propiedad ha permitido a la Iglesia beneficiarse del trabajo, el esfuerzo y la inversión de los vecinos durante muchos años, que ahora califica de “donativos”.
ALICANTE
“El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo”
- La diócesis registró hace tres meses la fortaleza a nombre de la parroquia
- En 1960 desapareció «misteriosamente» del Catálogo de Bienes Municipales
Sergi Tarín
Los vecinos de Xàbia (Alicante) sienten que les ha amputado una parte imprescindible de su historia: la que encierra los muros de la iglesia fortaleza de San Bartolomé. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo. Así de fácil. Siglos de historia pasaron de una mano a otra en el tiempo que tarda en efectuarse una rúbrica. Aunque sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, que ya ha anunciado que irá a los tribunales.
El arzobispado se apropió de este inmueble haciendo uso de la Ley Hipotecaria. Juan Carlos Generoso, concejal de Patrimonio, cuenta que el templo “siempre ha pertenecido a la localidad”, pero que en 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales. Un hecho del que no se percataron hasta que la diócesis se embolsó el edificio. “No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. Medio siglo de espera no es nada para una institución milenaria como la Iglesia”, opina Generoso.
Argumentos místicos
Por su parte, las autoridades religiosas han dosificado sus explicaciones con argumentos más cercanos a la mística que al concepto terrenal de los bienes y su usufructo. “La finca pertenece desde tiempo inmemorial al pueblo de Dios”, aseguraron en su día, aunque sin aportar un solo documento. Todos los intentos de este diario por contactar con la diócesis y ampliar este punto de vista han sido en vano.
El templo de San Bartolomé es algo más que una iglesia para Xàbia. Enclavado en la plaza principal, junto al ayuntamiento y el mercado, su origen nada tiene que ver con la religión. Así lo demuestra un documento de 1308 donde Jaime II ordena la construcción de una torre defensiva. La edificación formó parte, dos siglos después, de una línea de 58 torres vigías salpicadas por todo el litoral valenciano para advertir y repeler ataques de los piratas berberiscos. Sobre todo en las costas de Xàbia, cuyo perfil abrupto y repleto de calas favorecía los desembarcos clandestinos.
Posteriormente, el edificio fue ampliado y renovado hasta convertirse en una joya del gótico civil gracias al mecenazgo de los vecinos más pudientes de la localidad. El ayuntamiento también conserva en sus archivos pruebas que constatan deudas contraídas durante el siglo XVIII para la reforma del templo. La documentación está en manos de Manuel Ortells, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, a quien el consistorio ha encargado la elaboración de un dictamen que justifique la propiedad municipal del inmueble. Sus conclusiones serán la base del recurso que el ayuntamiento prevé presentar a principios de mayo contra el arzobispado.
Estupor e indignación
En 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales
La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor contestación ha generado. Nada más conocer la noticia, sus habitantes reaccionaron con estupor e indignación. Espontáneamente surgió el Movimiento Ciudadano para la Recuperación del Patrimonio Local, que ha reunido por el momento mil firmas. Su portavoz, Antoni Espinós, lo atribuye a los “entresijos de la diplomacia sibilina vaticana” y lo considera “un robo de la historia del pueblo”.
Esta repulsa social motivó que la Diócesis de Valencia reinscribiese en diciembre el templo a nombre de la parroquia de San Bartolomé, pero sin ceder la propiedad al ayuntamiento. “Una maniobra de maquillaje y de confusión”, asegura Espinós, quien se pregunta si los intereses de la curia son “espirituales o económicos”, ya que Xàbia es uno de los municipios más turísticos de la Costa Blanca, y la iglesia de San Bartolomé, declarada Monumento Nacional en 1930, su principal valor cultural. “Si se da un uso comercial y se organizan visitas, ese dinero ya no será para la localidad”, se lamenta Espinós.
CÁCERES
La amenaza da la excomunión
Paola Molina
El Obispado de Plasencia ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. La mayoría de las veces, el asunto pasó desapercibido, a excepción de dos casos: Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera.
En el primer pueblo, los vecinos abrieron un expediente, en julio de 2009, para reclamar la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Se trataba de un área de 470 metros cuadrados que rodea el templo y donde ya se había edificado una casa parroquial. Esta iglesia data del siglo XV y, aunque ha sido reformada, mantiene la puerta de la Epístola como ejemplo de la arquitectura de esa época.
El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento
Llaman la atención dos óleos: uno de la Virgen de la Soledad, y otro de la Visión de San Antonio de Padua, que es copia decimonónica del original de Murillo. El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento, y el alcalde decidió “no continuar con el proceso” por dos motivos: la imposibilidad de demostrar que los terrenos fueran municipales y el uso que, desde hacía más de 20 años, hacía la Iglesia de los mismos, según explica Jesús Chaparro, secretario municipal.
En el segundo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera consiguió la devolución del atrio de la Iglesia Parroquial de Santa María de Fuentes Claras porque el templo se asienta sobre los restos de una fortaleza del siglo XIV. En algunas localidades, ha llegado a inscribir prácticamente toda la plaza que rodea a los templos. En Aldeanueva, incluso la casa parroquial. En Pasarón, los vecinos recogieron firmas pero fue el propio párroco de la localidad quien amainó la protesta al amenazar con la excomunión a los fieles.
A CORUÑA
El campo o la misa
Lorena Seijo
Gran parte de las aldeas del norte de Galicia no tienen plaza central, por lo que cualquier encuentro vecinal, fiesta o romería se celebra en lo que se conoce como “el campo de la fiesta”. Este lugar va ligado a todas las celebraciones, a todos los recuerdos. El sentimiento es lo que movió a los 160 vecinos de Ribadulla, una aldea de Santiso (A Coruña), a enfrentarse al Obispado de Lugo por la propiedad de su “campo”, de 2.500 metros cuadrados.
‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García
Para su sorpresa, hace un año, un comunicado del obispado les informó de que se iba a vender la casa rectoral y “el campo de la fiesta”. “Nos dijeron: ‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García, portavoz de los vecinos. La indignación fue general. “Lo que esperaba era que chantajeándonos con la fe, los vecinos le diéramos el campo”, cuenta Benedicto García, de 77 años. Pero pudo más el sentido de justicia que la fe, y todos los vecinos se unieron. Como protesta, no acudieron a la siguiente misa, la vieron por televisión o se desplazaron a otra parroquia. El sacerdote, que llevaba 30 años en el pueblo, se fue.
La historia viene de lejos. La primera iglesia de Ribadulla quedó hundida bajo la presa de Portodemouros hace 41 años. A cambio, la hidroeléctrica les construyó otra y dio 15.000 pesetas al cura para que comprara un nuevo campo para los vecinos. Nunca se preocuparon de titular el terreno, excepto por una anotación en el catastro a nombre de la Asociación de Vecinos. ¿Para qué registrarlo? Al fin y al cabo, todos, incluido el sacerdote, sabían que era público.
Los afectados, al enterarse de que el obispado quería inscribir la finca a su nombre por el procedimiento de la matriculación de bienes sin titularidad, acudieron al Registro de la Propiedad y la anotaron a nombre de todos los vecinos. El obispado denunció a 59 de ellos por apropiación indebida. La primera vista en el juzgado será el 25 de marzo. Hacienda avala la titularidad vecinal. “Aunque ganemos, el obispado recurrirá porque no quiere que otros sigan nuestro ejemplo”, afirma García.
LEÓN
El clero se queda el bote vecinal
D. Ayllón
La libreta de María Encarnación, de 59 años, tiene anotadas todas y cada una de las donaciones que los vecinos de Pardesivil –una pedanía de León, con 25 empadronados– realizaron para limpiar y reconstruir la ermita. En total reunieron 6.000 euros y, ahora, sólo les falta reconstruir el tejado. “Llevaba 35 años abandonada y la maleza la había cubierto por completo”, explica María, de 64 años. Por las tardes, después de trabajar, se reunían en el monte de la ermita para limpiar sus cantos rodados y reconstruirla. Con la colecta, financiaron la contratación de un albañil.
No existe documentación sobre quién la construyó, sólo la fecha de su levantamiento: 1630. Tras el abandono, el templo fue expoliado y desaparecieron algunas de las tallas de su interior. En 2009, los vecinos descubrieron que el obispado quería registrar la ermita como propia, “pese a que siempre había sido una propiedad común, de todos”, reivindica María. “Nos dijeron que las obras las tendría que autorizar entonces el Obispado. Nuestro error fue no haberla registrado antes”, denuncia.
MADRID
Parroquia antes que servicio social
D.A.
En el barrio de Butarque (Madrid), el ayuntamiento regaló en 2008 a la Iglesia católica una nueva parcela para la construcción de una parroquia. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque e IU denunciaron que el consistorio regalaba espacio para templos en un barrio sin bibliotecas ni escuelas infantiles. En diez años, IU calcula que el ayuntamiento ha cedido al arzobispado suelo público por un valor de 120 millones de euros.
Las críticas a estos privilegios de la Iglesia en la capital han tenido su máximo exponente en los últimos años en el polémico Minivaticano. Hace un año, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió 25.000 metros cuadrados
Freak
Veterano
137
Asiduo
Forero del todo a cien
Muerto por dentro
Clásico
