El juez Juan Carlos Peinado parece haberse propuesto reinventar la jurisprudencia española a golpe de errores y mala praxis. En su reciente decisión de citar a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, como testigo en un caso de tráfico de influencias, Peinado demuestra un asombroso desconocimiento de las leyes que debería aplicar, sino también un afán casi cómico por complicar lo simple y enredar lo obvio.
En un alarde de creatividad jurídica, Peinado ha decidido que la declaración del "esposo de la investigada" es "conveniente, útil y pertinente". Según él, la doctrina y jurisprudencia contemplan el "tráfico de influencias en cadena", una modalidad que hasta ahora solo había sido mencionada en contadas ocasiones. Parece que Peinado está decidido a hacer historia judicial, aunque sea a base de citar preceptos inexistentes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es particularmente hilarante que el juez mencione el artículo 412.3 para justificar la citación de Sánchez "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo". La paradoja aquí es tan evidente que solo alguien con la audacia de Peinado podría ignorarla: si Sánchez sabe algo relevante, no es como Pedro, el marido, sino como Pedro, el presidente del Gobierno. Pero claro, cuando uno está ocupado fabricando argumentos novedosos, la lógica es un lujo prescindible.
No contento con estas acrobacias legales, Peinado se ha aventurado a citar también el artículo 413, párrafo 12, un párrafo que no existe. Este nivel de incompetencia es asombroso incluso para los estándares más bajos. El artículo 413 tiene solo dos párrafos, pero Peinado ha decidido inventarse diez más, quizás con la esperanza de que nadie se moleste en comprobar la ley.
La comunidad jurídica ha reaccionado con una mezcla de sorpresa y consternación. La citación de Sánchez, que la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá, ha dejado a muchos perplejos. No es para menos. Es la segunda vez desde 1978 que un jefe de Gobierno en activo es llamado a declarar como testigo. El primero fue Mariano Rajoy en el caso Gürtel, y antes de él, solo Suárez, González y Aznar habían testificado, pero años después de dejar sus cargos.
Mientras tanto, Peinado sigue adelante, impertérrito, navegando su propio mar de errores. Su providencia menciona preceptos inexistentes y su razonamiento se tambalea sobre la inconsistencia. La situación recuerda a esos jueces de opereta que pueblan las novelas de intriga, donde cada movimiento parece diseñado para aumentar la confusión y el desconcierto.
Peinado ha conseguido lo que pocos: convertir un procedimiento judicial en un espectáculo digno de una sátira. Si esto no fuera tan grave, sería casi digno de aplauso. Pero la realidad es que su incompetencia y su desconocimiento de la ley no solo perjudican a los implicados en el caso, sino que también socavan la confianza en el sistema judicial. Es hora de que alguien en el sistema ponga fin a este esperpento antes de que el daño sea irreparable.
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