[size=+2]El juez Garzón, a un paso de archivar el 'chivatazo' a ETA
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@Carlos Fonseca.- 20/11/2009 06:00h
El juez Baltasar Garzón ha desestimado la práctica totalidad de las diligencias que las acusaciones del ‘chivatazo’ a ETA habían solicitado para ahondar en una investigación que el magistrado ha mantenido en secreto durante tres años. La decisión del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional apunta al previsible archivo de la causa, tal y como reclama el fiscal Carlos Miguel Bautista.
Garzón ha accedido tan sólo a que la Comisaría General de Policía Científica haga un dictamen pericial sobre los dos cortes existentes en la cinta de video con las imágenes tomadas el día 4 de mayo de 2006 en el bar El Faisán, sede de la red de extorsión de ETA en España. El primer corte en la grabación se produjo entre las 10,52 y las 10,55 horas (tres minutos), y el segundo entre las 11,14,12 y las 11,14,28 horas (dieciséis segundos).
El primero tiene escasa relevancia, ya que Joseba Elosua, dueño de El Faisán, llegó a su establecimiento a las 11,08 horas, trece minutos más tarde. En la declaración que prestó tras ser detenido dijo que la persona que le abordó lo hizo entre diez y quince minutos después de que él llegara, lo que deja aparentemente sin interés también el segundo corte. Los investigadores identificaron la presunta llamada del ‘chivatazo’ a las 11,23 horas (nueve minutos después del último corte), entre el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María B., con una duración de ocho minutos y once segundos. Ambos habrían actuado por orden o sugerencia del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.
Accidental o premeditado
Los cortes en cuestión fueron detectados días atrás al visionarse la citada grabación a petición de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), una de las acusaciones junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Hasta ese momento, ni el juez ni el fiscal habían reparado en dicha circunstancia. Éste último se ha sumado ahora a la petición y solicita que se aclare si la cinta se grabó de manera manual por un policía o estaba colocada fija. También si los cortes “han sido producidos por agentes externos, accidentalmente, por deterioro o en cualquier otra forma”, y si, caso de existir alguna imagen grabada en dicha partes se podría recuperar.
El titular del juzgado central de Instrucción número 5 ordena “el análisis de la cinta por especialistas de la Policía Científica a fin de que informen, previa su visión, si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación, corte o acción externa sobre la cinta”. DyJ pedía que esta prueba la realizara la Guardia Civil, pero el magistrado lo ha desestimado “porque los funcionarios asignados a esta investigación han realizado una actuación exhaustiva, difícilmente superable”.
Fuentes de la investigación manifestaron a este diario que la prueba no tiene ninguna relevancia, e interpretan la decisión del juez como una cortina de humo para no archivar la causa sin haber accedido a alguna de las peticiones de las acusaciones, que durante tres años han sido invitadas mudas en la investigación por estar declarada secreta.
El testimonio de los investigadores
Garzón ha desestimado también la declaración de los funcionarios que se encargaron de la investigación del ‘chivatazo’ y que acusaron a altos cargos del Ministerio del Interior de ser los autores del mismo. Tan sólo lo hará el policía que escuchó y transcribió la conversación en la que Joseba Elosua contaba a su yerno, Carmelo Luquin, que un desconocido acababa de abordarle en su establecimiento y le había entregado un teléfono a través del cual otra persona le alertó de la operación policial en marcha. DyJ pretendía que declararan todos los miembros del equipo, que no lo han hecho nunca, y es especial su responsable, Carlos G. Tampoco permitirá que declaren todos los funcionarios que formaban parte del operativo policial del 4 de mayo por considerarlo “reiterativo, propio de una investigación general y carente de base justificativa”.
Igualmente ha echado por tierra la pretensión de DyJ de conocer el análisis de los tráficos de llamadas realizados el 4 de mayo en el sur de Francia, así como el contenido de las observaciones telefónicas a que fueron sometidos los sospechosos, que no constan en la causa. El magistrado considera todo ello innecesario “porque el motivo de la detención queda perfectamente claro”, eludiendo responder a lo solicitado.
Las acusaciones recurrirán
Un portavoz de DyJ manifestó a este diario que la asociación recurrirá en los próximos días la decisión de Garzón por entender que “las diligencias solicitadas y denegadas son esenciales para la investigación de los hechos”, y que la negativa del magistrado tiene “una muy escasa argumentación”. La AVT también recurrirá el auto del juez para que se realicen todas las pruebas solicitadas. “Todo apunta a que, como venimos denunciando desde hace meses, se pretende cerrar en falso el chivatazo. Darle carpetazo supondría nuestra nula creencia, de ahora en adelante, en la Justicia y en el Estado de Derecho”, afirma en un comunicado.
Este diario informó días atrás que el juez Garzón había desglosado la causa del ‘chivatazo’ para abrir otra pieza separada secreta. Dicha pieza recogería una parte de la investigación que no guarda relación directa con la trama de extorsión de ETA, pero que tiene una gran relevancia política.
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