Ojo a lo que dice el marica este:
The Government Accountability Office can't even verify the books. Here's what Congress must do.
fortune.com
El Tesoro acaba de declarar a Estados Unidos en bancarrota. Los medios de comunicación no se enteraron.
Por
Steve H. Hanke
y
David M. Walker
23 de marzo de 2026, 11:14 a. m. ET
Steve Hanke es profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Federal para la Sostenibilidad Fiscal. Es coeditor, junto con Barry W. Poulson y John Merrifield, de Public Debt Sustainability: International Perspectives (Lexington Books, 2022). David M. Walker es el ex Contralor General de los Estados Unidos y Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Federal para la Sostenibilidad Fiscal.
El presidente estadounidense Donald Trump se detiene a hablar con los periodistas al salir de la Casa Blanca el 20 de marzo de 2026 en Washington, DC.Chip Somodevilla/Getty Images
El gobierno estadounidense es insolvente. No es una exageración; es la conclusión que se desprende directamente de los estados financieros consolidados del Departamento del Tesoro correspondientes al año fiscal 2025, publicados la semana pasada en medio de un silencio casi total por parte de los medios. Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025.
Es importante destacar que los 47,78 billones de dólares en pasivos declarados no incluyen las obligaciones no financiadas de los programas de seguridad social como la Seguridad Social y Medicare; estas se divulgan por separado en el Estado de la Seguridad Social (SOSI, por sus siglas en inglés), que no figura en el balance general.
La posición consolidada del balance del gobierno, excluyendo el SOSI, se deterioró en casi 2,07 billones de dólares entre los años fiscales 2024 y 2025, alcanzando un asombroso saldo negativo de 41,72 billones de dólares. El total de pasivos es ahora casi ocho veces superior al valor de los activos declarados. Los principales factores fueron un aumento de 2 billones de dólares en la deuda federal y los intereses a pagar (que ahora ascienden a 30,33 billones de dólares) y un aumento de 438.800 millones de dólares en las prestaciones a pagar a los empleados federales y veteranos (que ahora ascienden a 15,47 billones de dólares).
El iceberg fuera de balance
La situación fuera de balance es aún más alarmante. La obligación de seguridad social no financiada a 75 años aumentó en 10,1 billones de dólares en un solo año, pasando de 78,3 billones de dólares en el año fiscal 2024 a 88,4 billones de dólares en el año fiscal 2025, impulsada principalmente por un incremento de 6,9 billones de dólares en los déficits proyectados de la Parte B de Medicare y un aumento de 2,5 billones de dólares para la Seguridad Social. El Informe de Proyecciones Fiscales a Largo Plazo del Tesoro muestra que la brecha fiscal a 75 años se amplía del 4,3 % del PIB en el año fiscal 2024 al 4,7 % en el año fiscal 2025.
Si se añadieran los 88,4 billones de dólares en obligaciones fuera de balance a 75 años a los 47,8 billones de dólares en pasivos oficiales del balance, las obligaciones federales totales superarían ahora los 136,2 billones de dólares, aproximadamente cinco veces el PIB anual de Estados Unidos.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) emitió una opinión denegativa sobre los estados financieros del gobierno estadounidense correspondientes al año fiscal 2025; este es el vigésimo noveno año consecutivo en que no ha podido determinar si dichos estados financieros presentan información fidedigna. Esto se debe principalmente a graves y persistentes problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa y a deficiencias en la contabilidad de las transacciones interinstitucionales.
Así se ven 136 billones de dólares en tu sala de estar.
La prensa financiera no solo ha ignorado los estados financieros consolidados, sino que la mayoría de los miembros del Congreso y del público en general tampoco los leerán. Documentos como los estados financieros consolidados no son precisamente algo que uno quiera leer antes de conducir. Por si fuera poco, la mayoría de la gente no comprende las cifras multimillonarias que contienen. Por lo tanto, es conveniente traducirlas a un lenguaje comprensible.
La mayoría de la gente no puede comprender las cifras de billones de dólares en las cuentas del gobierno. Así que piensen en esto: dividan cada número entre 100 millones —eliminen ocho ceros— y las finanzas federales se verán como un presupuesto familiar en caída libre.
Ese hogar gana 52.446 dólares y gasta 73.378, lo que resulta en un déficit anual de 20.932 dólares. Sus pasivos totales y las promesas no financiadas ascienden a 1.361.788 dólares, frente a tan solo 60.554 dólares en activos, lo que le deja con un déficit de 1,3 millones de dólares. El gobierno estadounidense, según cualquier estándar contable, es insolvente.
El Congreso ha perdido claramente el control de las finanzas nacionales. Estados Unidos se enfrenta a una catástrofe fiscal. El ajuste de cuentas, largamente postergado, se está volviendo imposible de ignorar.
En primer lugar, el Congreso debería aprobar el proyecto de ley bipartidista HR 3289 — Ley de la Comisión Fiscal, patrocinado por el representante Bill Huizenga (republicano por Michigan), el representante Scott Peters (demócrata por California) y 41 copatrocinadores. Dicha comisión obligaría a la ciudadanía a analizar los hechos, las ventajas y desventajas, y las difíciles decisiones que exige la recuperación de la salud fiscal.
En segundo lugar, el Congreso debería convocar una Convención del Artículo V, limitada a proponer una enmienda sobre responsabilidad fiscal a la Constitución de los Estados Unidos. La Resolución Concurrente de la Cámara de Representantes n.° 15, patrocinada por el representante Jodey Arrington (republicano por Texas), haría precisamente eso.
Inspirada en el freno de la deuda suizo, dicha enmienda exigiría un presupuesto equilibrado a lo largo del ciclo económico y prohibiría que el gasto federal creciera más rápido que la economía estadounidense.
Estos dos proyectos de ley representan la vía más creíble para avanzar, si el Congreso tiene la voluntad de actuar.
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