Gran post.
Negreira fue el síntoma.
El tumor sigue dentro. Por Miguel García Caba
El Caso Negreira avanza. Lentamente. Dolorosamente. El sumario sigue su curso con nuevas prórrogas dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona. Las investigaciones sobre los pagos millonarios al ex número dos del arbitraje español continúan abiertas. Pero el tiempo, ese viejo cómplice de las estructuras inmunes, juega su propia partida.
Porque el verdadero escándalo del fútbol español no está solo en lo que investiga la justicia penal, sino en lo que permanece fuera de su alcance: un ecosistema federativo que, golpeado por el mayor bochorno ético de su historia, ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación para protegerse a sí mismo.
Mientras los informes de la Guardia Civil describen flujos económicos que nadie dentro de la Federación detectó durante casi dos décadas, el sistema disciplinario y arbitral sigue custodiado por los mismos guardianes de siempre. Las piezas rotan, las sillas cambian de nombre, pero las lógicas de autoprotección permanecen.
Ahí sigue, como si nada hubiera ocurrido, Francisco Rubio Sánchez. Voz influyente en los órganos disciplinarios de la Federación desde hace más de veinte años. Presente en todas las etapas, bajo todos los presidentes: Villar, Rubiales, Rocha, Louzán. Su especialidad nunca fue diseñar el sistema; fue conservarlo. Un maestro de la supervivencia administrativa. Un experto en la técnica federativa por excelencia: que todo cambie lo justo para que nada cambie realmente.
Hoy ejerce como vocal del Comité de Disciplina, esa trinchera institucional donde las sanciones no siempre persiguen conductas, sino opiniones. Donde se castiga con rigor casi quirúrgico cualquier crítica pública al estamento arbitral, pero donde la autocrítica interna sigue siendo un territorio desconocido. Los árbitros siguen blindados, como si la confianza institucional fuera un dogma y no un bien que deba ganarse día a día.
La presidencia del Comité de Disciplina recae actualmente en Josefa García Cirac. No es fruto de la renovación actual, sino herencia directa de la etapa Rubiales, confirmada después bajo el actual mandato de Rafael Louzán. La señora Cirac, bajo cuya dirección el blindaje arbitral permanece incólume, representa mejor que nadie la continuidad funcional de un modelo disciplinario que ha demostrado ser impermeable incluso a los mayores escándalos éticos del deporte español.
Y a su alrededor se ha consolidado un peculiar ecosistema interno que algunos dentro de la propia Federación han apodado como el “Clan de Badajoz”. Una expresión coloquial que alude a la red de vínculos familiares, territoriales y de confianza personal que ha facilitado ciertos nombramientos en los órganos instructorios federativos. Entre ellos, destacan incorporaciones como la de Rafael Rubio -hijo de Francisco Rubio- o María Pereira, ambos en puestos de instrucción sin que consten, en el momento de su acceso, los currículos más exigentes en cuanto a formación o experiencia profesional comparables a otros perfiles del ámbito jurídico.
No se trata de afirmaciones especulativas, sino de hechos objetivos ampliamente conocidos dentro del propio entorno federativo. La existencia de estos vínculos es pública. Las trayectorias están documentadas. Los nombramientos son oficiales. Las carencias formativas en el momento de sus designaciones han sido reconocidas incluso por fuentes internas.
Mientras tanto, el Comité Técnico de Árbitros -epicentro indirecto del caso judicial-tampoco ha experimentado un proceso de auditoría o revisión estructural pública. Las principales figuras responsables de las designaciones arbitrales durante los últimos años continúan ejerciendo sus funciones sin que, hasta la fecha, se haya informado de revisión alguna sobre las prácticas internas de supervisión que convivieron durante años con los pagos ahora bajo investigación penal.
El Caso Negreira ha revelado una anomalía institucional de proporciones históricas: millones de euros abonados durante años a quien desempeñaba un alto cargo arbitral, sin que los sistemas de control federativo lo detectaran, lo investigaran ni lo interrumpieran. Pero lo más llamativo no es la magnitud de los pagos: es la extraordinaria estabilidad de las estructuras responsables de que nadie los advirtiera.
Aquí reside la verdadera patología: un modelo federativo diseñado para proteger el sistema, no para fiscalizarlo. Un modelo donde las fidelidades internas prevalecen sobre la exigencia pública de transparencia. Un modelo donde la responsabilidad individual se diluye en la continuidad colectiva. Un modelo donde, ante el mayor escándalo ético conocido, la prioridad institucional no ha sido la depuración sino la supervivencia.
Negreira fue el síntoma. El tumor permanece. Y lo más alarmante no es que aún no haya sido extirpado: es que parece haber aprendido a mutar para seguir viviendo.
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