veo kan kitao mi post...
en fin, noticia de oi Diario El Mundo:
NUEVA YORK.- Karim Tebbakh, un inmigrante argelino de 38 años, nunca olvidará una pausa para el almuerzo en Miami, en noviembre de 1995. A la entrada del supermercado donde trabajaba, vio un riego automático roto que lanzaba agua en medio de la acera.Trató de arreglarlo. Lo que él consideraba ayuda desinteresada, para la policía suponía molestar la propiedad del Estado de Florida.Le pusieron una multa, que él nunca pagó. A nadie le importó hasta el 18 de septiembre de 2001, cuando Tebbakh fue arrestado y encarcelado durante 15 meses -ocho de aislamiento- primero sin cargos, sospechoso de terrorismo, y después por no haber pagado aquella multa. En diciembre del año pasado, fue deportado a Argelia.
La mayor parte del tiempo, él no tuvo defensa legal, no pudo ver a su mujer y no recibió información sobre su estado, mientras vagaba de cárcel en cárcel. Lo que hicieron con él, como con cerca de 2.000 detenidos desde el 11-S, es legal según el Patriot Act, la ley antiterrorismo que ahora el presidente George W.Bush va a endurecer.
En la vigilia del segundo aniversario del 11-S, y a pesar de la erosión de las libertades denunciada por los grupos de defensa de los derechos civiles, Bush pidió al Congreso que «desatara las manos» de los agentes de la ley para «luchar y ganar la guerra contra el terror». El presidente quiere que se niegue la fianza a los sospechosos de terrorismo y que se alargue la lista de las condenas a pena de muerte. Bush dijo que todavía quedan «obstáculos sin sentido para investigar y perseguir el terrorismo». «Tenemos que tapar los agujeros que quedan», aseguró.
Abusos de poder
El llamado Patriot Act II es, según el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, una forma de prevenir «más ataques terroristas», pero las nuevas medidas supondrán, se queja la Unión Americana de Libertades Civiles, «nuevas erosiones del poder judicial y del sistema de contrapesos que nos protege a nosotros y a nuestra democracia de los abusos de poder».
Este verano, la poderosa agrupación de defensa de la Constitución americana se querelló contra el Fiscal general del Estado, John Ashcroft, y el director del FBI, Robert Mueller, por el apartado 215 de la ley, que prohíbe a cualquier organización o individuo revelar la intromisión del Gobierno en los datos de sus clientes.La Fiscalía general tiene plenos poderes para espiar a los ciudadanos sin que nadie pueda entorpecer su secretismo.
Según el borrador de la nueva legislación, el Gobierno tendrá la autoridad para quitar la ciudadanía norteamericana a los sospechosos de terrorismo, crear una base de datos con su ADN, y restringir aún más la información acerca de las personas que estén detenidas.
Según datos de inmigración, 13.000 personas, procedentes de países árabes o musulmanes, están ya en proceso de deportación tras haberse registrado como la ley obliga ahora. «Es absurdo -explica a EL MUNDO Dan Smulian, abogado de la Coalición para la Inmigración de Nueva York- la cosa espeluznante es que cuando preguntas cuántos de esos 13.000, que pueden no tener ni siquiera defensa legal, están acusados de terrorismo. Y la respuesta es 0».
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ahí keda eso