Pablo Soto fue sólo protagonista en el vestíbulo y ante los periodistas. En la vista oral del juicio que comenzó ayer contra este joven desarrollador de programas P2P de intercambio de archivos no abrió la boca porque ninguna de las partes reclamó su testimonio. Y es que tanto la acusación -la industria discográfica- como la defensa han convertido el juicio contra el creador de Blubster, Manolito y Piolet, en un proceso general sobre las descargas de Internet.
Pablo Soto: "No soy el héroe de las descargas"
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"No soy el cabeza de turco de nada pero tampoco me siento el héroe de las descargas ilegales", dijo Soto, a preguntas de los periodistas, que atestaban la sala del juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid. El argumento de Soto, como el de sus defensores, es que simplemente ha desarrollado una herramienta de software, y no es responsable del uso que le den luego los usuarios, "porque la tecnología es neutral".
Del otro lado, el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, que representa a la industria discográfica, negó la mayor: no se trata de inocentes programas, sino que están diseñados para bajarse canciones de repertorios protegidos, con "evidente ánimo de lucro". Para compensar esas pérdidas, las discográficas piden una indemnización de 13 millones de euros, calculando que cada uno de los 25 millones de usuarios se descargó al menos una canción.
Ya en la vista, la acusación -Promusicae, Sony, Emi, Warner y Universal- se esforzó por demostrar que Soto se lucró tanto por la inclusión de publicidad en las versiones gratuitas como por el cobro de la de pago (19,95 dólares, 14,66 euros) de sus programas que tenían como único reclamo publicitario el de las descargas musicales gratuitas, para las que en ningún momento solicitó permiso.
La defensa reprochó a las discográficas que no faciliten una base de datos fiable que permita conocer a los usuarios de programas P2P qué archivos están sujetos a derechos, y que no utilicen los sistemas de protección anticopia que existen en el mercado.
Los abogados de Soto inquirieron sin éxito a cada una de las firmas discográficas por el precio que cobran cuando comercializan canciones en Internet, cuestión que el juez consideró "impertinente". El perito de la defensa aportó la prueba de que, según una muestra, el 34% de los archivos descargados por los programas de Soto estaban sujetos a copyleft, que permite la libre distribución bajo unas determinadas circunstancias.
La vista se reanudará mañana, pero el fallo no se espera hasta dentro de unos meses.
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