Si aportan más de los 20 millones al año que cuesta solo su internamiento y repatriación, al coste de esos viajes de vuelta de inmigrantes ilegales se añaden los relativos a manutención, atención sanitaria y cuidados que reciben en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que son alojados tras ser interceptados en su intento de entrar en España. Según datos oficiales facilitados al Congreso por el Ministerio del Interior, solo en concepto de alimentación los CIE consumieron 2,6 millones de euros en once meses, del 1 de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017. Es decir, una media de casi 8.000 euros diarios, unos 2,9 millones al año. Y para asistencia sanitaria prestada en los CIE, en 2017 se presupuestaron 750.000 euros.
A estas partidas hay que sumarles las correspondientes a los gastos de tutela, manutención y cuidados de los inmigrantes ilegales menores de edad que entran solos en España, sin familiares ni adultos que se hagan cargo de elloss, los gobiernos regionales tienen asumidas las competencias de protección de menores. Por tanto, el coste de la tutela, manutención y cuidados de esos inmigrantes ilegales menores de edad los tiene que sufragar cada administración autonómica. En 2017 el Estado repartió 6,45 millones de euros de subvención entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para ayudarles a sufragar las atenciones que prestan a esos menores de edad. Fue casi el triple de lo que les concedió para el mismo fin en el año 2014.
Ojalá diesen más de lo que consumen.
A esto súmale la asistencia sanitaria universal, escolarización, bancos de alimentos, etc.