El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado este miércoles a los tres imputados por el presunto chivatazo policial a ETA, conocido como el caso Faisán. Ruz les acusa de colaborar con la banda terrorista, revelar secretos y encubrimiento. Los procesados son el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.
En su resolución, de 75 páginas, el juez Ruz plantea las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclina más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada.
Para el juez, "en el presente momento aparecen motivos bastantes para afirmar que los ahora procesados pudieron cometer" los mencionados delitos y concluye que los tres mandos policiales pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producirse.
Ruz tomará declaración indagatoria a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros el próximo 19 de julio a partir de las 10:00 para comunicarles su procesamiento.
Según detalla en el auto, el juez ha recabado hasta doce indicios contra los procesados, sin perjuicio de la prueba que se practique en el juicio oral, entre los que cita la confirmación de la presencia junto al bar Faisán de Ballesteros en los minutos previos a producirse la llamada telefónica investigada y que es atendida por el dueño del establecimiento Joseba Elosua en el interior del local. También cita que el conocimiento que tuvieron de la filtración fue a través de la baliza instalada en el vehículo de Elosua. Asimismo, el magistrado pone de manifiesto los cortes registrados en la cintas de vídeo que grabó las inmediaciones del bar Faisán el día que se produjo el soplo.
Contra la decisión del juez cabe recurso de reforma.
El 20 de junio de 2006, las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, asestan un duro golpe a la red de extorsión de ETA al detener a 12 personas implicadas en el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros.
La operación estuvo a punto de irse al traste ya que el 4 de mayo anterior un policía avisó a uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. El chivatazo se lo dio presuntamente un policía al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, uno de los jefes del aparato recaudador de los terroristas.
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