Los investigadores españoles vuelven a protestar. Y a mostrar su indignación, esta vez, contra una medida ministerial que estaba, en principio, destinada a una causa noble: favorecer la integración de la mujer en la sociedad, en concreto en los equipos de científicos de nuestro país.
El desencadenante del actual estado de irritación de muchos de nuestros científicos está en el texto de la última convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos de investigación, publicada en el BOE el pasado 9 de diciembre. Se trata de un párrafo que dice lo siguiente: «Exclusivamente entre los proyectos propuestos para financiar por la comisión de selección se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de investigación (como investigadoras principales o como participantes en el equipo). Si el cociente de género mejora la media de su Programa Nacional, área o subprograma, este criterio mejorará la valoración de la Comisión de selección con cinco puntos». Es decir, que el simple hecho de tener más (o menos) mujeres entre sus investigadores influirá en la puntuación que reciban los equipos que soliciten las ayudas económicas oficiales. Puntuación que es, precisamente, el principal baremo que se sigue a la hora de asignar más o menos recursos a los científicos.
Las reacciones, en forma de comentarios, a menudo indignados, entre departamentos e instituciones científicas de toda España, se dispararon de inmediato, igual que lo hicieron en la convocatoria del año anterior, en la que ya se incluía el mismo párrafo. La principal crítica se produce por el hecho de haber introducido en una de las fases de evaluación de los proyectos de los investigadores españoles criterios que son ajenos a los puramente científicos. Pero también, y eso es lo más curioso, protestan y se indignan las mujeres a las que la medida pretendía, en principio, beneficiar.
Trampa para mujeres
Es el caso de la investigadora sevillana Marai Tortolero. En una carta pública enviada a la lista de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE), Tortolero califica la iniciativa de «trampa» para las mujeres. En su escrito, esta profesora de genética de la Universidad de Sevilla afirma que «como mujer, no creo que debamos sentirnos contentas porque se nos discrimine, ni negativa ni positivamente. Como científica no admito ninguna valoración que no sea la calidad de mi trabajo en condiciones de igualdad con el resto de los científicos cualquiera que sea su sexo y condición. Me espanta la calificación de mujer de cuota. Si admitimos ese principio será difícil saber la razón por la que una mujer ocupa un puesto, si por su valía o por su sexo».
No es el único caso. Todas las investigadoras consultadas por este periódico, sin excepción, tenían opiniones similares. Pilar Pérez Breña, por ejemplo, jefa del Servicio de Virología del Centro Nacional de Microbiología, dirige un grupo de investigación integrado por cuatro mujeres y dos hombres: «En teoría —afirmaba ayer a ABC— la medida me beneficiaría, pero estoy totalmente en contra de ella. No se puede crear un problema científico para resolver otro social».
Ana Gracia, paleontóloga de uno de los grupos de investigación de Atapuerca, asegura que «me siento discriminada por esta medida absurda, que me ofende como mujer. ¿Qué pasa, que no puedo hacerlo por mi misma? Quiero científicos, sin importar si son hombres o mujeres». Añade esta investigadora que «no conozco a nadie a quien le hayan negado un proyecto por ser mujer. La medida es un agravio comparativo, es como decir que se nos concede la igualdad por motivos políticos y no por nuestros méritos».
Consultado por ABC sobre la cuestión, Joan Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), manifestó ayer que el asunto será llevado al consejo de gobierno de esta institución, que se celebra mañana. Para Guinovart, «hay que distinguir entre la evaluación, que debe ser exclusivamente por la calidad de los proyectos, y la promoción profesional de las científicas. Es ahí, cuando se presentan a oposiciones para subir de categoría, donde hay que ayudarlas, donde hay que tener en cuenta las circunstancias de la mujer en nuestra sociedad. Más del 50% de las becarias científicas son mujeres, pero al llegar a catedráticas el porcentaje baja al 15%. Y no es porque tengan una menor capacidad, sino por un conjunto de pequeñas trabas que, juntas, dan ese resultado. Un entramado de egoísmo de la sociedad junto a los intentos de los hombres de mantener los privilegios adquiridos».
La segunda valoración
Violeta Demonte, directora general de Investigación, declaró ayer a ABC que «no se trata de una discriminación positiva, sino de un premio que se da a los equipos que incentiven o tengan una mayor participación femenina. Los proyectos ya nos llegan evaluados por los científicos de la Agencia Nacional de Evaluación y Perspectiva (Anep), y ninguno de ellos se va a quedar sin financiación». «Sin embargo —asegura Violeta Demonte— existe una segunda evaluación de los proyectos, que se hace en el Ministerio a través de paneles. Y se tienen en cuenta otra clase de criterios». Y es precisamente en esta segunda valoración donde se pueden establecer diferencias. «Si se puede, a todos se les da la financiación que han pedido. Si no, y solo en el caso de que haya recortes o escasez de dinero, los que tengan más puntuación podrán ver aumentar algo sus posibilidades de tener fondos y becarios. Todos van a ser financiados, sólo que, en estos casos, tendría un mayor recorte quien tenga menos puntos».
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