brus lee2 rebuznó:
Nebun sigues sin enterarte: quién dejó y fomentó que cientos de miles de rumanos entrasen en España ha sido el PP y seguramente estos inmigrantes acaben votando PP si no hacen un partido para rumanos.
rspecto a esto que dices brus li me he encontrado por casualidad con una pagina muy interesante que recopila la vida de aznarin , es muy exacta mira lo que dice respecto a esto:
https://www.cidob.org/es/documentac...oliticos/europa/espana/jose_maria_aznar_lopez
La última ocasión en que el PP conoció los sinsabores de la mayoría simple fue el 22 de diciembre de 1999, cuando el Congreso, en el último plenario de la legislatura y con los votos de PSOE, IU, CiU, PNV, CC y el Grupo Mixto, dejó solo al PP y aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, más conocida como la Ley de Extranjería, la cual debía sustituir a la norma vigente desde 1985 y brindar un marco legal que regulara mejor una realidad insoslayable, el gran incremento de la inmigración foránea, en muchos casos clandestina, que afectaba principalmente a los africanos magrebíes y subsaharianos, llegando a la península a través del estrecho de Gibraltar y demasiadas veces en condiciones precarias o peligrosas para sus vidas, y a los sudamericanos, señaladamente ciudadanos de los países andinos.
Las rocambolescas vicisitudes por las que pasó la Ley de Extranjería reflejaron el desconcierto que estaba suscitando en los partidos el fenómeno de la inmigración y la multiplicación de los residentes extranjeros en España, donde esta situación se presentaba con muchos años de retraso con respecto a los vecinos europeos y donde hasta hacía poco el componente monoétnico de la sociedad se había observado como la cosa más natural. Por tradición un país de emigrantes que durante varias décadas fueron bien recibidos y encontraron oportunidades laborales en sus lugares de destino de Europa y América, en el último quinto del siglo XX los flujos se invirtieron y España pasó a ser un país de entrada por antonomasia.
Las dificultades de la integración, el choque cultural (común en el caso de los musulmanes), la formación de ambientes de marginalidad por la desidia cívica de determinados municipios y los comportamientos delictivos de que hicieron gala algunos de los recién llegados pusieron a prueba la cacareada tolerancia de los españoles, quienes preferían identificar las manifestaciones de hostilidad racial como propias de otras latitudes. Antes bien, los estallidos xenófobos, espontáneos y no instigados por organizaciones políticas, en lugares como El Ejido (Almería, donde miles de inmigrantes se empleaban como mano de obra barata en las prósperas explotaciones agrícolas) o Tarrasa (Barcelona), colocaron sobre el tapete los agudos problemas de convivencia y el racismo desaforado que anidaba en una parte, no estaba muy claro si minoritaria o no tan reducida, de la población autóctona. Sectores de la izquierda y colectivos sociales acusaron al PP de mostrar una actitud condescendiente hacia los brotes violentos de racismo, aunque no se ignoraba que la demagogia derechista que rodeaba estos episodios tenía muchas veces su preferencia electoral en el partido de Aznar.
La derrota del Gobierno de Aznar en la votación de diciembre de 1999 suponía que iba a entrar en vigor la versión del texto legal, claramente progresista, aprobada por el Congreso en noviembre anterior con el voto a regañadientes del PP, que en la misma sesión se abstuvo en la votación pormenorizada del articulado. Lo que sucedió el 22 de diciembre fue que la mayoría del pleno tumbó las enmiendas restrictivas presentadas por el Senado merced al pacto de populares y convergentes, pero los catalanes se desentendieron del acuerdo y en la Cámara baja votaron contra lo que ellos mismos redactaron con la explicación de que el PP había torpedeado el consenso interpartidista que una norma de estas características precisaba.
La ley preveía que el Ejecutivo, mediante decreto, establecería el procedimiento de regularización de todos los extranjeros que se encontraran en España desde antes del 1 de junio de 1999 y acreditaran haber solicitado en alguna ocasión los permisos de residencia o de trabajo, o que hubiesen trabajado en los últimos tres años. Se fijaba también un mecanismo de regularización permanente que permitiría el acceso a la residencia temporal a todos los extranjeros que demostraran una estancia ininterrumpida de dos años en territorio español, estuvieran empadronados y contaran con medios económicos para mantenerse. Con todo, se estimaba que hasta una quinta parte del millón de extranjeros residentes en España no cumplía con los requisitos.
La ley fue promulgada el 11 de enero de 2000, pero el grupo parlamentario popular dejó claro que tras las elecciones generales, si obtenía la absoluta, procedería a suprimir aquellas disposiciones "incentivadoras" de "flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales" de inmigrantes, recordando que España tenía asumida la responsabilidad de vigilar las fronteras de la UE en su poroso flanco sur. El equipo de Aznar insistió en que, en su actual articulado, la ley contenía demasiadas inconcreciones técnicas, obstaculizaba una política migratoria eficaz y encerraba un "efecto llamada" que sólo podía agravar la elevadísima siniestrabilidad de los desembarcos clandestinos, con centenares de muertos en las playas del extremo sur de la península y de las islas Canarias en los naufragios de las pateras, frágiles embarcaciones atestadas de africanos, hombres en su mayoría pero también mujeres, que pagaban a precio de oro el trayecto por mar a las mafias que mantenían este siniestro y trágico negocio.
Dicho y hecho, en diciembre de 2000 el Senado aprobó (con los votos añadidos de CiU y CC) el proyecto del Ejecutivo de reforma de la Ley de Extranjería, que endurecía considerablemente las condiciones iniciales: se negaba la extensión de derechos socioeconómicos y civiles -libertades de asociación, manifestación y sindicación- a los inmigrantes sin papeles para no crear un "agravio comparativo" con los extranjeros regularizados y con los mismos ciudadanos nacionales, de manera que aquellos sólo tenían garantizados los derechos fundamentales, las prestaciones asistenciales humanitarias en caso de urgente necesidad, y la enseñanza infantil obligatoria; se facultaba al Ministerio del Interior para repatriar de manera expeditiva a los inmigrantes indocumentados, inclusive los 90.000 que habían visto rechazada su solicitud antes del 21 de diciembre -cuando expiró el proceso de regularización-, los cuales podrían ser previamente recluidos en centros de internamiento; se pautaba la reagrupación de los familiares de los regularizados y la concesión de permisos dentro de unos contingentes y cuotas anuales; y, se castigaba con fuertes sanciones a los empresarios que contratasen a inmigrantes sin el permiso de trabajo.
La ley modificada entró en vigor el 23 de enero de 2001, pero ya en octubre de 2003 experimentó una nueva reforma en un sentido endurecedor.
Sin embargo, en marzo de ese año, el Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, anuló algunos de los artículos más conflictivos. El Gobierno hizo un uso profuso de la ley, y por ejemplo no vaciló en realizar las expulsiones automáticas, extraordinariamente polémicas en algunos casos. Sólo en 2003 92.000 inmigrantes en situación de ilegalidad fueron devueltos a sus lugares de origen, el 75% de ellos detenidos en las fronteras o interceptados en el mar. Por contra, 276.000 consiguieron la documentación, elevando el número de regularizados a 1.647.000, de los que 963.000 figuraban ya en las listas de la Seguridad Social como prestatarios y cotizantes. Tras recibir 700.000 inmigrantes en un año, a 31 de diciembre de 2002 en España vivían ya 2,7 millones de extranjeros (más del 40% en Madrid y Cataluña), esto es, el 6,3% de la población total.
Los partidos de izquierda, los sindicatos, las ONG involucradas en el problema y el mismo colectivo de inmigrantes irregulares, que se movilizó en las calles y desafió la prohibición de manifestarse, denunciaron las sucesivas reformas legales como ejemplos de la inconsistencia o la cerrazón del PP a la hora de abordar un fenómeno a todas luces inexorable y que difícilmente iba a detenerse haciendo hincapié sólo en la acción policial, llegando a dispensar a un inmigrante ilegal el trato de un delincuente, o en el regateo de los cupos de entrada, si bien todo el mundo estaba de acuerdo en que había que avanzar en la regularización de los numerosísimos indocumentados.
Los detractores de la Ley de Extranjería echaron en cara al Gobierno de Aznar que no elaborara unas políticas sólidas de integración que armonizasen todas las dimensiones, económicas, sociales y culturales, de la inmigración, o una campaña de pedagogía social que ayudase a romper el vínculo mental entre inmigración y delincuencia, y que incidiese en los aspectos positivos de una inmigración generosamente regularizada y productiva. De acuerdo con este análisis, un país que casi no ganaba población autóctona por la muy baja tasa de natalidad necesitaba imperiosamente de trabajadores extranjeros succionados de la economía sumergida y con contratos en regla para cubrir la fuerte demanda laboral en numerosos ramos de los sectores primario y secundario y, con sus cotizaciones y tributaciones, contribuir a la viabilidad de la Seguridad Social a largo plazo.
por otra parte me intriga mucho que tiene el berzotas este del nebun con los rumanos , porque no me negareis que el jodido habla como un rumano. y hasta nos esta insultando en comparacion con los rumanos. por cierto nebun significa loco en rumano . y nomen est omen decian nuesttros abuelos.
tio o no sabes una mierda de historia o eres un rumano o eres gilipollas.
puede que españa no haya sido la Creme de europa pero desde luego mil veces por encima de rumania en todo.