Tannhäuser rebuznó:
PSOE: FILESA, GAL, Mariano Rubio, Roldán, créditos de la Caixa, Santander, BBK... y eso es lo que se me ha ocurrido en 10 segundos. Dame 10 minutos y no te triplico, te decuplico la lista.
PP: Medalla de Aznar, zaplanadas. Mire usté por dónde, que ahora no caigo.
no me puedo
de creer lo que estoy leyendo...
bueno, como no tengo mucho tiempo y he quedado para desayunar con un colega, aquí te pongo sólo algunos ejemplos.
Algunos históricos muy divertidos.
Caso de la minería en León
Caso de la Construcción de Burgos
Caso Naseiro
Caso Cañellas
Aquí, algunos con algo de info por si no está claro de qué van:
1. CASO GESCARTERA
El Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional investiga la desaparición de al menos 18 mil millones de pesetas de fondos depositados por inversores en la Agencia de Valores. Está imputado en la causa, entre otros, el Ex Secretario de Estado de Hacienda, E. Giménez Reyna. Asimismo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción , un Juzgado de Madrid investiga si el ex Diputado y ex Vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, cometió cohecho por aceptar regalos de los propietarios de la citada Agencia de valores. Como consecuencia de este asunto dimitió Pilar Valiente Presidenta de la CNMV.
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2. CASO RODRI $ RATO Y SUS NEGOCIOS PRIVADOS :
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CRÉDITOS AMIGOS DEL HSBC A UNA DE SUS EMPRESAS: Muinmo, la sociedad del vicepresidente Rodrigo Rato y de sus dos hermanos, Ramón y María de los Ángeles, que posee siete emisoras de radio recibe un crédito que le otorgó el HSBC en diciembre de 2000 por 525 millones de pesetas. El año anterior, la empresa sólo generó 130 millones. Muinmo tiene que devolver, con los intereses, casi 600 millones en dos años cuando en ese tiempo sólo ingresaría algo más de 200.
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CONTRATOS PÚBLICOS QUE VULNERAN LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES : La sociedad Muinmo recibió contratos del Gobierno balear de 1999 a 2001 por valor de 30 millones. Muinmo controla en el archipiélago balear cinco emisoras: Palma, Inca, Manacor, Alcudia y Alaior. Esa publicidad institucional fue otorgada por cuatro consejerías: Bienestar Social, Presidencia, Educación y Ciencia y Agricultura. El artículo 2.2 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos establece que : 'Los titulares de altos cargos no podrán tener por sí o junto con su cónyuge e hijos independientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local. Los altos cargos que al ser nombrados poseyeran tal participación tendrían que desprenderse de ella en un mes, y si adquirieran tal paquete accionarial por sucesión durante su mandato, deberían venderlas en un plazo de tres meses'.
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SEIS EMISORAS DEL CLAN DE LOS RATO CON 26.000 OYENTES RECIBIERON 40 MILLONES DE REPSOL EN PUBLICIDAD: Las seis emisoras de Muinmo, la cadena de radio de la familia Rato, han recibido este año 40 millones de pesetas en contratos publicitarios de Repsol, el 6,66% de los 600 millones que la petrolera ha destinado este año a inversión publicitaria en radio. La audiencia total de las seis emisoras, 26.000 oyentes según el Estudio General de Medios, representa menos del 0,14% de la audiencia de la radio en España (18 millones). Como ejemplo ilustrativo, Repsol facturará en el mismo periodo 67 millones a la SER, que cuenta con casi 200 emisoras y más de 10 millones de oyentes.
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BANESTO COMPRÓ EN 1999 ACCIONES DE TRES EMPRESAS DEL CLAN RATO.15.10.01: Banesto adquirió en 1999 participaciones de tres empresas de la familia Rato: Aguas de Fuensanta, Cartera del Norte y Grupo Alimentario de Exclusivas. Las tres sociedades, relacionadas entre sí, fueron las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo corporativo. El precio de la operación se desconoce, porque la dirección del banco negó a principios de este año esa información a un accionista, con el argumento de no 'perjudicar los intereses del banco'. Banesto compró el 16 de marzo de 1999 el 45,3% de Aguas de Fuensanta (donde figuran como accionista María Ángeles Alarco, esposa de Rodrigo Rato, y el cuñado del vicepresidente, José de la Rosa Alemany); el 40,53% del Grupo Alimentario de Exclusivas (la familia Rato controlaba en 1999 el 38% de la sociedad); y el 36,10% de Cartera del Norte (participada por empresas de la familia Rato). Las tres empresas tienen participaciones cruzadas y se complementan entre sí en la producción y comercialización de bebidas.
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LA SOCIEDAD PRIVATIZADA ALDEASA TRABAJA DESDE 1997 CON LA EMPRESA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO : Aldeasa, sociedad pública hasta septiembre de 1997, cuando fue privatizada por el Ministerio de Economía, dirigido por Rodrigo Rato, trabaja desde ese año con Viajes Ibermar, empresa de la que es accionista el propio Rato, quien nombró en julio de 1996 al que aún es hoy presidente de Aldeasa, José Fernández Olano.
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EL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONCEDIÓ UNA SUBVENCIÓN DE 22 MILLONES A AGUAS DE FUENSANTA : El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, concedió una subvención este año a fondo perdido de 22.581.700 pesetas a Aguas de Fuensanta.La subvención, que se otorgó el 11 de abril de este año, lleva la firma de la directora general Belén Cristino Macho-Quevedo. Estas subvenciones tienen por objeto fomentar 'las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades económicas'.
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3. CASO MATAS & FORMENTERA
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares decide 'ordenar' al juez Antonio Monserrat, que decretó el archivo del 'caso Formentera' -supuesto delito electoral relacionado con votos por correo de emigrantes en Argentina-, que remita al Tribunal Supremo 'los indicios existentes para la imputación de Jaume Matas, [ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente], y Rosa Estarás [ex consejera autonómica de Matas y actual diputada del Partido en el Congreso]'.
'Los indicios aportados por el Fiscal [de Baleares] son, en definitiva, plausibles', dictamina la sala del tribunal balear, que asume en gran parte las tesis acusatorias refrendadas por 28 de los 30 fiscales de la comunidad autónoma y las acusaciones que representan al PSOE, IU y PSM. La sala arguye que 'es claro que, a nivel indiciario, el delito de malversación puede existir' y que 'no puede descartarse terminantemente la existencia' de un delito electoral.
El caso Formentera se centra en la supuesta manipulación de 74 votantes emigrantes en Argentina, de los que 72 votaron en las últimas elecciones autonómicas a una lista local vinculada al Partido, y sobre la posible utilización de fondos públicos para captar esos votos.
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4. CASO PRIMAS ÚNICAS BANCO DE SANTANDER
Investigado por la Audiencia Nacional. Ex. Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Eduardo Zaplana. Ex Alcalde de Orihuela .Ex. Diputado al Congreso. Investigado por presunto delito fiscal en relación con las primas únicas de Banco de Santander. En 1988 constituyó con este Banco cesiones de crédito por valor, al menos, de 164 millones de pts. Al parecer, los rendimientos, más de 15 millones de pts no fueron declarados a Hacienda. También está siendo investigada por la Agencia Tributaria su mujer, Ana Encabo . En la actualidad ocupa el cargo de Subsecretaria de Presidencia de la Generalidad valenciana
5. CASO MATAS & BITEL
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha decidido elevar al Tribunal Supremo las actuaciones por el supuesto espionaje electrónico del Gobierno balear a un diputado socialista en 1998, cuando el presidente autonómico era Jaume Matas, hoy ministro de Medio Ambiente. La causa, conocida como caso Bitel y consistente en el desvío del correo electrónico del dirigente socialista hacia el ordenador de los secretarios personales de Matas, había sido archivada el pasado febrero por el juez instructor. La Audiencia ha decidido ahora que se siga investigando tras un recurso del denunciante, el socialista Francisco Quetglas, actual consejero del Gobierno balear.Los hechos se remontan a 1998, cuando el Partido gobernaba en Baleares. En un debate sobre el estado de la comunidad, el 14 de octubre de 1998, Matas esgrimió un escrito mientras decía: 'Ha llegado a nuestras manos un documento interno...'. El documento de trabajo correspondía a Quetglas y había sido elaborado por una consultoría de Barcelona que se lo había remitido el 18 de septiembre, en exclusiva, a través de su correo electrónico en el Consell Insular de Mallorca. El correo de Quetglas estaba 'redireccionado' a otro ordenador de un colaborador de Matas. La empresa Bitel era la encargada del servicio y estaba participada en un 48% por la Administración balear, que dirigía Matas.
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6. CASO ERCROS
Piqué participó, siendo ministro de Industria, en reuniones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, en las que se examinó la situación del grupo químico que había presidido hasta 1996. Su firma, junto con la de los ministros de Trabajo de la época (Javier Arenas) y de Economía (Rodrigo Rato) formalizó la condonación de 7.400 milloncejos de pesetas de un préstamo total de 8.500 concedido a su empresa por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1994. Tras una denuncia de varios parlamentarios socialistas por la vulneración por Piqué de la Ley de Incompatibilidades porque no se inhibió en la tramitación de la condonación de deuda, el asunto está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, esta siendo objeto de investigación por la Audiencia Nacional la venta de la filial de Ercros, Ertoil, en enero de 1991 a la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH) y que formalizó Piqué ante notario, en julio de ese mismo año. Piqué nunca detalló las funciones que había desempeñado en Ercros (director de estrategia, consejero, miembro de su ejecutiva y, por último, presidente) .En su momento, la titular del Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional envió una resolución al Tribunal Supremo (Sala II) en el que eleva sus conclusiones sobre la instrucción que había llevado a cabo. En el documento se menciona al actual Ministro de Asuntos Exteriores Piqué como uno de los ocho miembros de la comisión ejecutiva de Ercros que acordaron vender Ertoil en noviembre de 1990. La juez de la Audiencia no ha conseguido establecer, quiénes fueron los destinatarios de alrededor de 20.000 millones de pesetas de los 41.400 que Ercros percibió por la venta de Ertoil. Por su parte, el Fiscal Vargas en varios informes ha apreciado delitos de alzamiento de bienes y apropiación indebida por parte de Piqué. El Fiscal General del Estado destituyó a Vargas. En estos momentos, las actuaciones continúan en la Audiencia Nacional ya que fueron devueltas por la Sala II del T. Supremo.
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7. IMPUTADO EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que ordena reabrir una investigación judicial por supuesta prevaricación, entre otros delitos, contra el actual secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y miembro de la Junta Directiva nacional del Partido, Benigno Blanco Rodríguez, y contra el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Ángel Sancho Marco. En el auto el tribunal ve 'indicios de criminalidad' en la actuación de varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente respecto al proyecto de construcción de un embalse sobre el río Ésera, dentro del término municipal de Santa Liestra (Huesca).
La Fiscalía de Madrid y el Ayuntamiento de Liestra, personados como acusación en las diligencias, afirman que Blanco aprobó la construcción de la citada presa sin que las obras dispusiesen 'del preceptivo y previo informe geológico y geotécnico' de los terrenos afectados por las obras. Blanco, según la fiscalía, dio luz verde al proyecto el 26 de mayo de 1997, cuando desempeñaba el cargo de secretario de Estado de Aguas y Costas de Medio Ambiente.
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8. CASO LINO
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa al ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, en la causa en la que investiga el fraude cometido en las subvenciones al lino, un escándalo por el que tuvo que dimitir.
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9.CASO MAÑUECO
Querella de la Fiscalía de Palencia contra el hijo del Senador y Ex consejero de la Junta de Castilla y León, Jesús Mañueco. La fiscalía acusa de tráfico de influencias y revelación de secretos bancarios. La presentación de la querella tiene su origen en unas acusaciones de un empresario palentino simpatizante del Partido.
10. CASO DE LA FUNERARIA AYUNTAMIENTO DE MADRID
Querella Fiscalía Anticorrupción. Informe Tribunal de Cuentas. Implicados: dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, un parlamentario regional y tres directivos de una sociedad que cotiza en Bolsa por la «irregular» privatización de la Funeraria municipal de la capital. El fiscal Anticorrupción sostiene que la privatización parcial de la Funeraria municipal de Madrid, consumada en diciembre de 1992, fue irregular. Entiende que ni se adjudicó al mejor postor ni se vendió a su justo precio. El ministerio público sostiene que hubo malversaron de caudales públicos al permitir que la compraventa se cerrara por 100 pesetas.
Por su parte, el juez que instruye el caso ha requerido en un auto a los concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno, y al ex concejal y ahora diputado regional del PP Luis María Huete, para que junto a otros tres cargos de la empresa privatizada "presten una fianza de nueve millones de euros".
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11 . CONDENADO A PRISIÓN UN EX CONSEJERO DE EDU $ ZAPLANA
Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas , ex Diputado y ex alcalde de Orihuela, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos y otro de falsedad en documento mercantil. La sección séptima de la Audiencia de Alicante afirma que Cartagena se apropió con ánimo de lucro de 49.081 euros (8.166.426 pesetas) que el Ayuntamiento oriolano recibió en 1993 de las monjas que administraban el hospital municipal. El empresario Ángel Fenoll, amigo del ex alcalde, también ha sido condenado a un año de prisión por falsedad en documento mercantil. El fallo de la Audiencia de Alicante establece que por el delito de malversación de fondos se condena a Cartagena a la pena de prisión de tres años e inhabilitación absoluta por 6 años y, por el delito de falsedad en documento mercantil, a un año de prisión y a una multa que supera los 5.409 euros (algo más de 900.000 pesetas). También tendrá que indemnizar al Ayuntamiento de Orihuela en la cantidad de 8.166.426 pesetas y pagar los dos tercios de las costas procesales. Al empresario Ángel Fenoll, además del año de prisión, se le condena a la misma multa que a Cartagena y al pago del tercio restante de las costas.
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12. CASO GESUOSA. ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO )
Manuel José Meleiro, apoderado de la empresa constructora Sardalla Española, SA (Sardesa), acusa en su declaración ante el titular del Juzgado número 8 de Oviedo, al director general y al subdirector de la empresa municipal Gestión del Suelo de Oviedo, SA (Gesuosa) de haberle reclamado el pago de comisiones ilegales para adjudicarle las obras de urbanización de un polígono y la construcción de una calle en Villafría (Oviedo), a cuyas subastas su empresa había presentado las mejores ofertas. El director general de Gesuosa, Luis Gómez, persona de la máxima confianza personal y política del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y el subdirector general de la misma empresa municipal, Andrés Álvarez, presentaron su dimisión, horas después de que otro directivo de la constructora Sardesa ya hubiese insinuado ante el juez el intento de cobro de comisiones ilegales por parte de Gesuosa.
13. CURSOS IMEFE & AYUNTAMIENTO MADRID
Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en el año 2000 señala que ese organismo cometió graves irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales.. El informe llega después de que se conociera que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del Partido, seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) por irregularidades contables. Según la Cámara de Cuentas, durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34 cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por leasing y renting
14. CASO PONFERRADA : ISMAEL ÁLVAREZ , CONDENADO
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al alcalde de Ponferrada (León), el popular Ismael Álvarez, por un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 1 y 2 del Código Penal, cometido sobre la que fue su concejal de Hacienda, Nevenka Fernández. El Tribunal le ha impuesto una pena de nueves meses de multa, con una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal subsidiaria.
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15. INHABILITADO EL EX ALCALDE POPULAR DE MELILLA
La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de inhabilitación para ejercer cargo público contra el ex alcalde de Melilla Ignacio Velázquez como autor de un delito de prevaricación. Velázquez convocó a las 11 de la noche del 18 de mayo de 1992 el pleno que debía discutir una moción de censura presentada contra él, a sabiendas de que a esa hora faltaría un concejal socialista que se hallaba de viaje en la Península y cuyo voto era necesario para que prosperara la moción (Diciembre 2001).
Aquí los de cajón de sastre... de todo un poco
EL MINISTRO POSADA ADMITE QUE EL TRABAJO DE UN EX ALTO CARGO PUEDE VIOLAR LA LEY
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, admitió en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. El ministro relató durante una comparecencia en el Congreso que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'. Como se recordará, Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración (Mayo 2001).
MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del Partido en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del Partido en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.
En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el Partido perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.
La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.
Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del Partido de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).
ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE
La Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido una subvención de 1.200 millones de pesetas a la Fundación Cánovas del Castillo para un proyecto en Colombia. El jefe de la Unidad de Organizaciones no Gubernamentales, responsable de otorgar las ayudas, es Carlos Robles Fraga, hijo del presidente de dicha fundación que actúa como foro ideológico del Partido Popular, Carlos Robles Piquer. Los 1.200 millones de pesetas se han adjudicado a un proyecto cuyo socio es la Federación Nacional de Cafeteros Colombianos, una asociación vinculada al consorcio gubernamental Café de Colombia, y no una asociación sin ánimo de lucro, como es habitual. Las ayudas de la agencia se han otorgado en tres fases. La primera fue aprobada el pasado 15 de julio. Las organizaciones más beneficiadas en dicha convocatoria han sido asociaciones religiosas y conservadoras, algunas cercanas a la organización religiosa católica Opus Dei.La segunda fase se aprobó el pasado 27 de julio y estaba destinada a proyectos vinculados a la promoción económica. Finalmente, la tercera se concedió el pasado 9 de agosto y está destinada a los proyectos. En esta última fase es en la que ha resultado beneficiada la organización de Carlos Robles Piquer. La Fundación Cánovas del Castillo, que fue creada por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en 1980 para cultivar 'el auténtico pensamiento popular', se reconvirtió con los años en una de las organizaciones no gubernamentales con más proyectos en Centroamérica. Su reconversión en organización humanitaria coincidió con la llegada del Partido al poder (Noviembre 2001).
EL MINISTERIO DE DEFENSA EQUIPA A LOS 400 SOLDADOS EN KABUL CON MATERIAL INSEGURO
Los soldados destacados en Afganistán son visibles durante la noche con los prismáticos o el visor infrarrojo del enemigo. Las unidades destacadas en Kabul han sido equipadas con el nuevo portaequipos de combate adquirido por el Ejército de Tierra, un chaleco que carece de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material. El IR se exige en las normas OTAN y lo tienen todos los ejércitos de Europa. Yuma, SA, la empresa que obtuvo el concurso, es propiedad de la familia de un alto cargo del Ejército.
Defensa gastó 21 millones de euros (347 millones de pesetas) en la compra de 20.000 portaequipos de combate en dos concursos a los que concurrieron otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían el IR en su producto y costaban 552.931 euros (92 millones de pesetas) menos. Ambas fueron rechazadas 'por no superar las muestras presentadas los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas'. Yuma SA, la empresa adjudicataria, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, ex apoderada y actual jefa de compras de esta sociedad está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército (Febrero 2002).
LA MINISTRA BIRULÉS COMPRÓ UNA CASA CON EL MISMO MÉTODO FISCAL QUE SU AMIGO EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
La ministra de Innovación y Tecnología, Anna Birulés, adquirió una casa en la misma localidad, Urús (Girona); con el mismo método, el leasing a través de una sociedad, fórmula reservada para actividades empresariales, y en la misma finca que Josep Piqué, ahora titular de la cartera de Asuntos Exteriores y antes de la Industria y portavoz del Gobierno. Birulés, amiga personal de Piqué, comparte urbanización en Urús con el ministro y con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, a quien nombró el propio Piqué. La esposa de Ferreras, Berta García Prieto, notaria de profesión, fue además la que formalizó las escrituras de propiedad. Los tres amigos, Birulés, Piqué y Ferreras, utilizaron el mismo método a la hora de adquirir sus casas y las escrituraron a nombre de empresas pantalla "para no gravar su patrimonio".
En el caso de Birulés y de su marido, Carlos Martí Batera, las sociedades a través de las que adquirieron su casa en Urús fueron Business Iniciatives y Cluendaris, SL. La primera fue dada precisamente de baja en octubre de 1999 por no haber pagado el impuesto de sociedades correspondiente a 1994, 1995 y 1996.
Con ello, el negocio es redondo: ni la sociedad propietaria inicial de la casa, Business Iniciatives, pagó los impuestos de sociedades ni la ministra ni su marido pagaron por la casa los impuestos derivados del aumento de patrimonio", puesto que oficialmente pertenecía a la firma morosa (Mayo 2000).
LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LOS PARAÍSOS FISCALES
La inversión española en paraísos fiscales en 1999 fue de 202.837 millones de pesetas, cifra que prácticamente duplica la del año anterior, en que esta partida ascendió a 103.687 millones de pesetas. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economía, el incremento de la inversión en paraísos fiscales fue del 95,62% en 1999 respecto a la registrada el año anterior. La inversión en paraísos fiscales supuso el 2,42% del total de la inversión española en el exterior durante 1999, frente al 3,41% de un año antes. El contraste entre el aumento de la inversión en 1999 respecto a la del año anterior y la disminución del porcentaje se debe a que en 1999 el volumen total de inversiones en el exterior fue mucho mayor que el de 1998 (8,39 billones de pesetas frente a 3,04 billones de pesetas). Los paraísos fiscales que recibieron el mayor volumen de inversión fueron las islas Caimán, con 79.460 millones de pesetas, seguidas de las islas Vírgenes (62.287 millones), Antillas Holandesas (32.907 millones), Panamá (9.813 millones) y las islas anglonormandas (9.233 millones de pesetas). Por el contrario, los destinos que menor volumen de inversión de capital español recibieron el pasado año fueron Chipre (30.000 pesetas), isla de Man (470.000 pesetas), Bermudas (4,13 millones de pesetas), Bahrein (7,63 millones) y Mauricio (16,53 millones) (Julio 2000).
EL Partido IMPONE LA COMPATIBILIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PRIVATIZACIONES CON SU ACTA DE DIPUTADO
La mayoría absoluta del Partido ratifica la compatibilidad de su diputado Luis Gámir, con su cargo de presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones. El argumento de los populares para evitar que Luis Gámir tenga que dejar un cargo por otro es que considera que el Consejo de Privatizaciones es un "grupo de trabajo" y "no un órgano consultivo". En cambio, para el diputado socialista Joan Marcet el mantenimiento de ambos cargos supone vulnerar el artículo 156 de la Ley de Régimen Electoral y atentar "contra la independencia" del Consejo de Privatizaciones (Septiembre 2000).
MÁS NOMBRAMIENTOS AMIGOS: LA SEPI REMODELA EL CONSEJO DE ENCE PARA INCORPORAR A ANTIGUOS ALTOS CARGOS DEL Partido
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia "una profunda reestructuración" de la compañía papelera Ence "como paso previo al proceso de privatización del 51% del capital" que aún permanece en manos públicas. Como hecho más destacado de la reestructuración aparece la designación, como presidente de la compañía, del ex presidente del Senado y presidente del Partido de Extremadura, José Ignacio Barrero. Además de Barrero, se incorporan a la papelera otros cuatro consejeros independientes, entre los que figuran el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Luis Feito, y el ex secretario de Estado de Energía, José Manuel Serra Peris, quien tuvo un papel destacado en la defensa de los costes de transición de las eléctricas (Octubre 2000).
EL MINISTRO CASCOS DESTITUYE A UN JEFE DEL GIF POR EL ATASCO EN QUE SE VIO ATRAPADO
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), a instancias del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha destituido al ingeniero encargado de la supervisión de la obra del AVE Madrid-Barcelona, cuyos trabajos provocaron un atasco en la carretera Nacional III, Madrid-Valencia, en el que se vio atrapado el propio ministro. El ingeniero del GIF destituido, José Manuel Carbonell, es director de la obra en la zona, aunque el comunicado oficial del ente, adscrito al Ministerio de Fomento, no daba cuenta tampoco de su nombre. El problema se produjo en el kilómetro 13,800 de la carretera de Valencia, donde se está construyendo un subterráneo para el paso de la línea de AVE Madrid-Barcelona. Las empresas tenían permiso para cortar uno de los dos carriles de salida desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, pero incumplieron ese horario y no restablecieron ambos carriles hasta las ocho y cuarto, lo que provocó el atasco (Febrero 2001).
DIMITE EL 'GOBERNADOR' DE TARRAGONA ACUSADO DE EXTORSIONAR A INMIGRANTES
El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro Roldán, presentó su dimisión para poder defenderse de la acusación realizada por, al menos, una mujer rusa que asegura que Navarro le ofreció regularizar sus papeles a cambio de favores sexuales. La investigación se encuentra en fase de diligencias previas y bajo secreto de sumario en el juzgado número 9 de Tarragona. El subdelegado prestó declaración ante el juez, junto con otros supuestos implicados. Navarro presentó la dimisión inmediatamente después de conocer su implicación en un caso que relaciona inmigración irregular y prostitución, aunque en una escueta nota remitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona se explicaba que Raúl Navarro ha presentado su dimisión al ministro de Administraciones Públicas "por motivos de salud". El caso arranca con una denuncia presentada ante la fiscalía de Tarragona. La subsiguiente investigación reveló la existencia de una trama de inmigración irregular de mujeres procedentes de los países del Este de Europa que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse. La vinculación de Navarro con el caso se basa en su presunta relación con un prostíbulo regentado desde hace tiempo por una mujer rusa. En el prostíbulo se encontraban mujeres que no tenían permiso de residencia. Al menos una de ellas explicó que Navarro le había prometido papeles a cambio de favores sexuales. Por su parte, el Partido se limitó a "respetar la decisión del subdelegado", subrayar que "no hay escrito de acusación contra él" y que su decisión demuestra su voluntad de "no perjudicar al Gobierno en este caso" (Septiembre 2001).
MEDIO AMBIENTE GASTARÁ 7.000 MILLONES EN PUBLICIDAD EN DOS AÑOS
El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Jaume Matas, tiene previsto preadjudicar un concurso para una contratación de campaña publicitaria sin precedentes en la Administración española: 6.940 millones de pesetas y un periodo que abarca lo que queda de año, 2002 y 2003. Su diseño partió del despacho de Javier Mato, ex jefe del gabinete del ministro Matas e imputado en el caso Formentera por su intervención en la presunta captación fraudulenta de votos de emigrantes en las elecciones de Baleares cuando Matas era presidente. El concurso, cuya adjudicación ha sido aplazada en tres ocasiones, tiene dos partes: la primera, destinada a la producción de la campaña publicitaria de estrategia sobre desarrollo sostenible, valorada en 1.980 millones de pesetas; la segunda, de 4.960 millones, dirigida a la compra de soportes publicitarios en periódicos, revistas, televisiones, aeropuertos, campos de fútbol, trenes, taxis, vallas y cines.
La convocatoria, publicada en el BOE del pasado 15 de marzo, generó un gran revuelo en el sector publicitario, poco acostumbrado a manejar cifras tan altas entre clientes institucionales. Sólo la Dirección General de Tráfico emplea sumas de dinero muy elevadas, unos 2.000 millones al año, para sus campañas anuales sobre seguridad vial en vísperas de desplazamientos automovilísticos masivos. En los Presupuestos de 1997, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, destinó 700 millones de pesetas para publicidad, que no fueron gastados.
Otro aspecto insólito es el gasto asignado a la producción, 2.000 millones. Los publicitarios consultados no recuerdan una partida similar para producir una campaña, ni siquiera alguna de las más caras, como fue una de la ONCE en la que intervenían decenas de extras. 'Es un importe altísimo, desorbitado, con el que se puede hacer una superproducción cinematográfica', añade otro publicista.
El concurso está repleto de singularidades. Admite la subcontratación. Pero en ningún caso, salvo en éste, el pliego de condiciones indica expresamente la relación de medios en los que aparecerá la campaña sobre la eficiencia energética, el impacto del transporte, la agricultura, el turismo sostenible, la biodiversidad y el uso de los recursos naturales, como la minería o el agua. 'La selección de soportes siempre corre a cargo de las centrales de medios. Nunca la compra de espacios es objeto de un concurso. Y aunque sea una campaña dirigida a toda la ciudadanía, insertarla en todos los medios sin discriminación es malgastar el dinero, porque los mensajes se duplicarán', asegura una especialista del sector. Esa relación exhaustiva de soportes incluye todos los medios generalistas y publicaciones tan ajenas en principio a los asuntos de medio ambiente como Estadio Deportivo, Supertele, Cocina Fácil, Cuerpo de Mujer, Hobby Consolas, Mi Bebé y Yo, Play Boy y Speak-Up.
El pliego de cláusulas de este concurso fue dirigido por Javier Mato cuando era jefe de gabinete del ministro Jaume Matas. Mato está imputado en el caso Formentara por la presunta captación ilegal de votos de emigrantes en las últimas elecciones autonómicas en Baleares, que perdió Matas. La fecha límite para la apertura de plicas y la calificación de los aspirantes al concurso expiraba el pasado 7 de mayo. Dos días después dimitió Javier Mato. El plazo se amplió hasta el 31 de mayo. Tampoco se celebró en esa fecha.
Entre los aspirantes al concurso se sospecha que tanto aplazamiento, inédito en un concurso abierto, se debe al propósito de negociar un acuerdo entre los candidatos mejor situados, uno de los cuales podría ser Mato a través de sociedades interpuestas. Desde el ministerio restan crédito a estas interpretaciones y desmienten que Mato o el despacho Garrigues & Andersen -donde trabajó la letrada Irene Chamorro, que ha participado en la redacción del pliego de condiciones- tengan nada que ver en la resolución del concurso (Julio 2001).
LUCAS, EL CASINO Y VIAJES HALCÓN ( VARIOS )
· EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES DENUNCIA UNA TRAMA DEL Partido PARA PERJUDICARLE: Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, grupo empresarial que agrupa entre otras a Air Europa y Halcón Viajes, denunció en Valladolid la existencia de una trama dirigida desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, gobernados por el Partido, para que no le fuera concedida la explotación de un casino de esa capital. El Gobierno autónomo adjudicó las licencias de los casinos en León y Salamanca al grupo Comar, del empresario José Collazo Mato, por 'los intereses turísticos, empresariales y de empleo de su oferta', entre otras razones. Hidalgo, cuyo grupo empresarial constituye uno de los principales operadores turísticos europeos y que presentó su oferta junto a la empresa catalana de juego Cirsa, puso nombres a los responsables de la trama que, a su juicio, han evitado que le fuera concedido el casino que, según dijo, le había prometido el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, tras haberle retirado, hace meses, la explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. Hidalgo señaló además al anterior presidente de la Diputación y actual consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, los propietarios del periódico La Gaceta de Salamanca y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién según explicó el empresario 'ha dado el beneplácito a la operación'. En este sentido Hidalgo denunció que el grupo Comar (al que pertenece Casino de Salamanca, SA, que obtuvo la licencia) con sede social en A Coruña y que gestiona más de 4.000 tragaperras, siete bingos y diez casinos, tiene fuertes intereses en el grupo empresarial al que pertenece el periódico salmantino, en el que también participan destacados miembros del Partido de Salamanca, como el anterior alcalde y actual diputado Fernando Fernández de Trocóniz. Hidalgo también anunció que recurrirá la decisión de la Junta, ya que la licencia otorgada a Comar a su juicio incumple la ley puesto que el edificio donde prevé ubicar el casino, una antigua fábrica de harinas, está a menos de 100 metros de un colegio (Mayo 2001).
· UN DIRIGENTE DEL Partido ANTICIPÓ A HIDALGO QUE NO LE DARÍAN EL CASINO Y LE ANIMÓ A QUE SE MOVIERA: El presidente de las Cortes de Castilla y León, Manuel Estella, admitió que hace unos días en el palco del estadio Helmántico, fue preguntado por esta adjudicación por el presidente de Globalia: 'Tengo que reconocer que me preguntó por ello y le dije que no estaba muy a su favor, de manera que si quieres, muévete, y nada más', dijo Estella. 'Me limité únicamente a decir 'muévete' y nada más', reiteró Estella para subrayar la 'legalidad y objetividad' de la operación y para descartar que tenga de comparecer el ministro de la Presidencia y ex presidente de la comunidad autónoma, Juan José Lucas, ante el parlamento autónomo para explicar la adjudicación del casino de Salamanca, tal y como ha pedido la oposición (Mayo 2001).
· CASTILLA Y LEÓN PIERDE UN VUELO POR REPRESALIAS: El empresario Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, retirará el próximo 1 de junio el vuelo que une Valladolid y Barcelona, en protesta contra la decisión del Gobierno de Castilla y León de no concederle la explotación del Casino de Salamanca que, según él, le habían prometido altos cargos del Partido (Mayo 2001).
LA MINISTRA VILLALOBOS, EL CONSEJO ASESOR DE SANIDAD Y SU HERMANO JOSÉ LUIS
Seis meses después de su nombramiento como presidente del Consejo Asesor de Sanidad, el polémico cirujano Ramiro Rivera ha presentado su dimisión. Su decisión coincide con un momento difícil en el Ministerio, con críticas formuladas incluso dentro del Partido y peticiones de los ganaderos de que la ministra dimita por culpa de la crisis de las vacas locas. Como se recordará, el dimitido Rivera en 1982 fue expedientado por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por desviar pacientes a su consulta privada en el Hospital Alemán. También se le acusó de cambiar el horario a un facultativo que trabajaba con él en un centro público para facilitar la asistencia a sus enfermos privados. Rivera recurrió la medida, pero la Audiencia Provincial de Madrid la confirmó en 1987 y le condenó a cuatro años de suspensión de funciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en un comunicado subraya "la personalidad de la ministra Celia Villalobos y a su falta de capacidad para delegar" entre los posibles motivos de la dimisión de Rivera, que calificó de "positiva" (Enero 2001).
LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se las ingenió para no dar ninguna explicación a la Corporación sobre por qué el Ayuntamiento no cobró en dos años y medio a José Villalobos, hermano de la anterior alcaldesa, la tarifa por el uso de la finca de La Concepción para celebrar su boda. El alcalde convocó el pleno extraordinario y urgente que había pedido la oposición, aprovechando otra sesión, y como la oposición no ha recibido aún el expediente y carece de información suficiente, el debate resultó vacío. Como se recordará, hace unos días se he conocido el impago del uso de la finca de La Concepción para la celebración de la boda de José Villalobos el 3 de julio de 1998 (Marzo 2001).
EX CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO GRANADA CONDENADO A PRISIÓN
El ex concejal de Partido de Granada Francisco Jiménez Carmona será condenado a 18 meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación y 180.000 pesetas de multa por cinco delitos de malversación, tras alcanzar, antes del juicio, un acuerdo con sus acusadores. El escrito de acusación del fiscal, que inicialmente recogía una petición de pena de ocho años de prisión, ha sido modificado, de conformidad con la defensa de Jiménez Carmona y la acusación particular, por lo que el presidente del tribunal, tras disolver el jurado, reproducirá ahora en la sentencia el acuerdo entre las partes intervinientes en el proceso. Según el texto firmado por fiscal, defensa y acusación particular, Jiménez Carmona cargó facturas a la empresa del cementerio de Granada, Emucesa, por un viaje que no realizó, por gastos de gasolina para un desplazamiento ajeno a Emucesa, por dos recorridos en avión que luego hizo en coche y por hospedajes en unos hoteles pese a que pernoctó en otros. No obstante, tras la intervención del Tribunal de Cuentas, Jiménez Carmona reintegró a la empresa de Cementerios de Granada, de la que era consejero delegado, las 156.000 pesetas que recibió indebidamente por los gastos de los cinco desplazamientos, lo que ha permitido aplicarle la atenuante de reparación del daño. Por su parte, la compañía de viajes, cuando el caso fue recogido por los medios de comunicación, devolvió las 195.475 pesetas cobradas a Emucesa por servicios al ex concejal que supuestamente no prestó, y por lo que la agencia se enfrentará a un juicio en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada (Julio 2000).
AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL EDIL DE URBANISMO OCULTÓ QUE ERA SOCIO DE UNA CONSTRUCTORA
El concejal de Urbanismo, primer teniente del Ayuntamiento de Jaén Y coordinador general de la ejecutiva provincial del Partido Popular, Miguel Segovia, figura desde el año 1994 como apoderado mancomunado de la constructora Hipero S.L., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que no incluye ninguna comunicación posterior anunciando su cese. Segovia no declaró esta actividad mercantil en el Registro de Intereses sobre Causas de Incompatibilidades ni durante este mandato ni durante el anterior. Sí se refleja su condición de consejero de otra empresa, Pescados Jaén, S.L. Miguel Segovia fue hasta 1999 concejal de Asuntos Sociales. Desde entonces, es el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo. Además, Segovia fue accionista de la empresa PGH S.L., que explota otro pub de la capital. En el Registro Mercantil no consta su cese hasta el 1 de abril de 2000, cuando ya era responsable de la concejalía encargada de conceder las licencias de obras y de apertura de cualquier establecimiento. Miguel Segovia declinó hacer declaraciones sobre su pertenencia a la empresa constructora Hipero S.L. (Marzo 2001).
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: UN JUEZ IMPUTA AL CONCEJAL DE URBANISMO POR OCULTAR ÓRDENES DE EMBARGO
El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, ha sido imputado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que tendrá que prestar declaración ante el juez instructor, Luis Miguel Moreno, el próximo día 13 de junio. La imputación de Ramos se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso que el concejal del Partido presentó contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, de archivar la querella por calumnias que puso contra el portavoz municipal socialista, Francisco Oliva. En aquel auto de archivo, el magistrado no sólo consideró que Ramos no había sido calumniado, sino que estimó motivos para imputarle un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento. La acusación sostiene que Ramos ocultó dos órdenes judiciales de embargo de su sueldo en enero y abril de 1999, cuando ocupaba el cargo de director del área de Bienestar Social, para evitar que su nómina, sobre la que ya se ejecutaban entonces otros tres embargos, sufriera nuevas retenciones. Ramos es concejal desde junio de 1999. Curiosamente una de estas confiscaciones era por una deuda con la hacienda municipal de 171.840 pesetas. El juzgado envió los requerimientos al propio área que Ramos dirigía, pero en ninguno de los dos casos fueron trasladadas a la sección de personal, que confecciona las nóminas, para ser ejecutadas (Mayo 2001).
DIMITE UN EDIL DEL Partido DE ÚBEDA CONDENADO POR ABUSO SEXUAL A UNA EMPLEADA
La junta directiva del Partido de Úbeda acepta la renuncia del edil de Úbeda (Jaén) Antonio Gámez Lamarca, quien fue condenado hace un mes por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén por abuso sexual contra Ana Isabel M. D., que era su empleada en una zapatería. El partido eludió valorar las circunstancias de la sentencia aludiendo a que el fallo ha sido recurrido y, por lo tanto, la condena no es firme. Aunque Gámez ha renunciado a su puesto de concejal, seguirá militando en el Partido de Úbeda. Gámez presentó al presidente local del Partido una carta en la que asegura ser "inocente" y "víctima de un ataque con el que se pretende desprestigiar al partido". También califica de "injusta" la repercusión de este caso. La pena impuesta por el juez obliga al edil al pago de una indemnización de un millón de pesetas para la víctima y a una multa de 720.000 pesetas. La sentencia es del pasado día 12 de junio y está recurrida por el concejal. El fallo considera probado que el día 3 de agosto de 1999 María Isabel M. D., que llevaba cuatro años trabajando para el concejal, llegó a la zapatería propiedad de éste con un dolor en el cuello. El edil, prosigue el texto de la sentencia, le propuso darle un masaje en la trastienda del local. Ella aceptó teniendo en cuenta que en la tienda se encontraba el hijo del propietario y, según añade la sentencia, basándose en el hecho de que tenía "plena confianza" en su jefe. El concejal mandó en ese momento a su hijo a otra tienda y bajó el cierre metálico del establecimiento. La mujer, prosigue el fallo del tribunal, "bastante cohibida", aceptó el masaje. Pero su superior le tocó el pecho y besó en la boca, ante lo cual Ana Isabel se retiró, salió de la tienda llorando y se dirigió hacia otro local en el que le contó lo ocurrido a una amiga. Finalmente decidió interponer una demanda judicial. La sentencia añade que, debido a este incidente, la mujer se quedó sin trabajo, "ha sufrido mucho" y padece estados de ansiedad y falta de sueño (Julio 2001).
EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO
Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones públicas. Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes Ibermar ha participado de ese crédito (Octubre 2001).
AYUNTAMIENTO DE HUELVA: EL FISCAL DEL TSJA IMPUTA AL ALCALDE POR SUPUESTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, aprecia 'la existencia de indicios de criminalidad por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio' en Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y parlamentario del Partido, por el caso Isla Chica, la venta de los terrenos del estadio Colombino a la inmobiliaria Odeinsa. Esa operación urbanística, realizada en julio de 1999 por 2.700 millones de pesetas, prevé la construcción de 570 viviendas en el viejo estadio, pese a que ese suelo está definido como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva.
La sala de lo Civil y lo Penal del TSJA determinó incoar diligencias contra Pedro Rodríguez a petición del fiscal, quien remitió un auto en el que pedía que se ordene la incoación de diligencias previas 'con imputación' de Pedro Rodríguez por esa operación urbanística.
La determinación de la Fiscalía del TSJA sigue a las del Ministerio Fiscal de la Audiencia de Huelva y del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Balerdi Múgica, que observaron la comisión de 54 delitos, dentro de la tipología de prevaricación (Noviembre 2001).
CASO BARILOCHE: LA SECRETARIA DEL Partido EN JAÉN VUELVE A DESMARCARSE DEL EDIL DE URBANISMO
La secretaria provincial del Partido y concejal del Ayuntamiento de Jaén, Inmaculada Solar, comparece en calidad de testigo ante la juez que investiga la presunta prevaricación del edil de Urbanismo, Miguel Segovia, en el llamado caso Bariloche. Solar, a cuya familia pertenecen los terrenos de la discoteca explotada por una sociedad de la que fue accionista el propio Segovia, volvió a desmarcarse de lo apuntado el día anterior por su compañero de partido y de Corporación al ratificar ante la juez lo que ya dijera en una comparecencia pública ante la prensa el pasado mes de marzo, pocos días después de que el PSOE denunciara que el máximo responsable de Urbanismo estaba demorando la ejecución de una calle prevista desde hacía varios años para favorecer los intereses de la discoteca Bariloche. A la salida del juzgado, Solar no quiso desvelar nada de lo declarado al tiempo que hizo hincapié en delimitar la vertiente política y la judicial de este caso. Preguntada sobre la declaración que Segovia realizó el día anterior culpando del retraso en la ejecución del vial a los recursos de su familia, Solar fue así de lacónica: 'Es la opinión de Miguel Segovia'. En este sentido, hay que recordar que la dirigente popular afirmó con rotundidad el pasado mes de marzo ante la prensa que no había 'ningún obstáculo legal para que se esté recurriendo y ejecutando al mismo tiempo el vial'. Además, Solar censuró en aquel momento la falta de 'contundencia' de su compañero de partido en este caso. Pese a todo, descartó que este caso haya abierto fisuras internas en el seno del Partido. Con anterioridad declaró ante la titular del Juzgado número 6 de Jaén, María Milagrosa Velástegui, el arquitecto municipal Manuel Ruiz, que fuera destituido por Miguel Segovia poco después de trazar el diseño del vial y comprobar que afectaba a la discoteca Bariloche. Ruiz, llegó a afirmar ante la juez que un técnico de Urbanismo llegó a recibir instrucciones para diseñar trazados alternativos que no afectasen al local de ocio (Diciembre 2001).
IMPUTADO EL ALCALDE DE LA CAROLINA POR DELITO ELECTORAL
El alcalde de La Carolina y senador por el Partido, Ramón Palacios, comparece ante el juzgado de instrucción número 1 de esta localidad jiennense como imputado por un supuesto delito electoral y por prevaricación. Además de Palacios, están imputados el primer teniente de alcalde, Antonio Serrano, y Luis María Janer, edil de Festejos, por la utilización de un escenario municipal en el mitin de cierre de campaña electoral en las pasadas elecciones municipales. La denuncia se presentó el día 11 de junio de 1999 ante la Guardia Civil por parte de un representante del PSOE, quien advirtió del uso de un escenario municipal, un camión y funcionarios para organizar y celebrar un mitin del Partido (Enero 2002).
EL ALCALDE DE HUELVA DECLARA COMO IMPUTADO POR VARIOS DELITOS RELACIONADOS CON LA ESPECULACIÓN
El alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, defiende ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la legalidad de sus actuaciones en el caso Isla Chica y justificó la operación en su interés por salvar de la desaparición al club de fútbol del Recreativo de Huelva. Rodríguez acudió a Granada arropado por todo su equipo municipal de gobierno, pero sin ninguna representación de la ejecutiva regional. El alcalde insistió en que lo que ha hecho ha sido 'salvar al Recreativo y cambiar un estadio viejo por un estadio nuevo'.
Pedro Rodríguez está imputado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y contra la ordenación del territorio a raíz de la venta en 1999 del Estadio Colombino y sus zonas adyacentes a la empresa Odeinsa. La operación arrojó unos beneficios de 2.700 millones de pesetas, que se utilizaron para cubrir el capital social del club Recreativo de Huelva con el fin de convertirlo en una sociedad anónima deportiva y construir un nuevo estadio de fútbol. El alcalde está acusado de haber realizado las operaciones con sociedades a las que estaba vinculado económicamente (Febrero 2002).
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: CASO GESUOSA: DOS COLABORADORES DEL ALCALDE SERÁN JUZGADOS POR 17 PRESUNTOS DELITOS
Dos colaboradores de la más extrema confianza del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, del Partido, serán juzgados por la Audiencia Provincial de Oviedo por la presunta comisión de 17 delitos (dos según la acusación fiscal y otros 15 según las acusación particular) al frente de la sociedad pública municipal de gestión del suelo de Oviedo, Gesuosa. Los dos procesados, Luis Gómez y Andrés Alvarez, en quienes la fiscal aprecia posible "lucro personal", dimitieron en noviembre de 1999 como director general y subdirector, respectivamente, de Gesuosa, tras las acusaciones de supuesta manipulación de un concurso de obra, cobro de comisiones ilegales y amenazas que realizó contra ambos un constructor afiliado al Partido. El alcalde de Oviedo decidió inmediatamente la disolución de Gesuosa, en la que presuntamente se realizaron los 17 delitos que ahora se van a juzgar mientras que el Partido impidió a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo que se personaran en la causa como acusación contra los gestores de Gesuosa por el daño que pudiera haberse infligido al interés municipal. Gesuosa, ciento por ciento municipal, es la sociedad anónima a través de la cual el Partido de Oviedo acometió las cuantiosas inversiones realizadas durante los últimos seis años por el Ayuntamiento.
El titular del juzgado número 8 de Oviedo, que investiga la acusación de un constructor contra los dos principales gestores de Gesuosa, el llamado caso Villafría, dictó un auto por el que pide a la Audiencia Provincial que abra juicio oral contra los ex directivos Luis Gómez y Andrés Álvarez, en cuyo comportamiento aprecia indicios de al menos 17 posibles delitos, entre ellos los de supuesta estafa, amenazas para alterar una subasta, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, extorsión, revelación de secreto, falsificación y sustración de documentos, alteración del remate de una subasta pública, falsificación de proyecto de obras y delitos societarios, entre otros (Diciembre 2000).
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: EL Partido SUBVENCIONARÁ CADA CABALLO DEL HÍPICO CON CASI 70.000 PESETAS
El ayuntamiento subvencionará con 66.900 pesetas al mes a cualquier propietario de caballos que opte por alquilar uno de los boxes del hípico para tener en él al animal. Según los datos que obran en el expediente, el coste real del mantenimiento de un caballo en el hípico asciende a 94.475 pesetas mensuales mientras que el ayuntamiento propone cobrar por ello un precio público de 28.000 (Octubre 2001).
UN DIPUTADO DEL Partido DE ASTURIAS RELACIONADO CON UN COBRO DE COMISIONES ANUNCIA SU DIMISIÓN
El diputado regional del Partido de Asturias y presidente de la junta local de ese partido en Langreo, Javier Suárez Álvarez-Amandi, ex portavoz popular en el Parlamento autonómico anuncia que abandonará todos sus cargos públicos antes de medio y medio. Javier Suárez ha sido relacionado desde hace un año con un caso de supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a varias empresas de hipermercados que pretendían instalarse en el municipio de Langreo. El asunto está siendo investigado por el juzgado de esa localidad minera. El pasado día 22 su supuesta intervención en el caso se vio aún más comprometida a raíz de la declaración que prestó ante el instructor del proceso judicial un directivo de la empresa Eroski, quien aseguró que Suárez Álvarez-Amandi fue la primera persona en hablarle de dinero. Tanto Suárez Álvarez-Amandi como el presidente regional del Partido de Asturias, el senador Ovidio Sánchez, negaron cualquier vínculo entre la renuncia del primero a todos sus cargos políticos y la investigación judicial en marcha. Ambos afirmaron que la dimisión obedece a motivos privados y profesionales. Suárez alcanzó gran notoriedad por otra dimisión. En 1998, en una comparecencia pública, anunció entre sollozos su renuncia como viceconsejero de Sanidad del Gobierno asturiano presidido por Sergio Marqués, una vez que, en plena ruptura de éste con el Partido Popular, el entonces secretario general del Partido, Francisco Álvarez-Cascos, ordenó a los militantes populares de abandonar sus cargos en el Ejecutivo asturiano (Febrero 2002).
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA AL CONSEJO DE CAJA CANTABRIA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se investigue a 12 miembros y ex miembros del consejo de administración de Caja Cantabria, entre ellos su presidente, Carlos Sáiz, y su antiguo director general, José María Pérez Álvarez, por un posible delito societario. Las acusaciones, archivadas anteriormente en un juzgado, hacen referencia a la compra que hizo la entidad del 3% de Indra por 9.100 millones de pesetas (nueve meses después le habría costado 5.800 millones menos), la venta de un piso a la ex ministra Margarita Mariscal de Gante por menos de un cuarto de su valor y unas supuestas inversiones de 14.000 millones en Luxemburgo (Octubre 2000).
DENUNCIA CONTRA UNA CONTRATA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR IMPAGO A 40 INMIGRANTES
La organización Burgos Acoge ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Burgos a una empresa contratada por la Junta de Castilla y León en Sargentes de Lora, pueblo cercano a Briviesca, por la situación de desamparo económico y laboral en que ha dejado a 40 inmigrantes ecuatorianos, saharauis, kurdos y de países del este europeo a los que empleaba en tareas de repoblación forestal. La denuncia de los trabajadores se presentó en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Burgos contra El Ejidillo Viveros Integrales, contratada por el gobierno autónomo, al que Burgos Acoge responsabiliza de la situación de los inmigrantes. En noviembre se incorporaron a esa empresa. Pocas semanas después los trabajadores contactaron con diversas organizaciones para denunciar que no estaban contratados. Según Burgos Acoge, la empresa argumentó que los permisos se presentaron en otra provincia y tras muchas presiones pudieron comprobar que los expedientes, incompletos casi todos, no estaban regularizados a pesar de las facilidades ofrecidas por las autoridades laborales burgalesas. Luego, en marzo la empresa, según Burgos Acoge, dejó de abonar los salarios y abandonó la zona de trabajo en abril ante la pasividad de la administración autonómica (Mayo 2000).
EX CARGO DEL Partido RELACIONADO CON UNA ESTAFA DE LA CAJA RURAL DE ZAMORA
El Juzgado número 4 de Zamora ha calificado al ex alcalde de Corrales del Vino, Casto Lorenzo, de presunto responsable del delito de estafa conocido como Lomas de Valparaíso, y ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a los otros 14 querellados, entre los que se encuentran el ex presidente de Caja Rural de Zamora José Carlos Martínez Cubells, Eduardo Corrales denunciante del caso y el resto de los socios y directivos de la Rural, que concedió 821 millones en créditos para la urbanización fantasma de Peleas de Arriba. Los exculpados se vieron implicados en diversas operaciones bancarias de naturaleza dudosa, consistentes en la concesión de distintos préstamos hipotecarios. De acuerdo con el juez, en la resolución de esos créditos existieron una serie de irregularidades de funcionamiento, cometidas por los responsables de la entidad bancaria. En palabras del Juzgado número 4 de Zamora su modo de operar fue con «prácticas que no se ajustaron a la normativa de la banca y la legalidad vigente en el mundo financiero, en lo referente a las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, constituidas por un total de 23 créditos que supusieron un total de 821.500.000 pesetas, genéricamente denominados Lomas de Valparaíso» (Mayo 2000).
EL GOBIERNO DE LUCAS SE NIEGA A JUSTIFICAR GASTOS DE 21.000 MILLONES
Las cuentas del Gobierno de Castilla y León, que preside Juan José Lucas (Partido) en gastos corrientes, desembolsó en 1999 más de 21.000 millones, entre los que se incluyen una factura de 3,7 millones en relojes de una joyería leonesa encargados en noviembre y diciembre de 1999 por la consejera de Economía, Isabel Carrasco, y otra de 385.000 pesetas por 35 cinturones comprados en la misma tienda. Además, hay más de dos millones en vino gastados por Industria, cuyo titular es José Juan Pérez Tabernero; otros 17 de Presidencia, dirigida por Jesús Mañueco, para un estudio de estimación electoral que la oposición no conoce; 200.000 pesetas para un viaje de José Luis González como asesor de Lucas cuando no era consejero de Fomento, y un millón en viajes y comidas para el Día de la Mujer Rural (Mayo-Junio 2000).
LOS CONTRATOS AMIGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN