La ley de Igualdad del año 2007 ha extendido sus efectos hasta las cárceles españolas. No hasta el punto de unir a presos y presas bajo el mismo techo, pero sí ha supuesto la extinción de las escalas femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Unas dos mil mujeres funcionarias que accedieron mediante oposición a su puesto para la tutela y vigilancia de las reclusas pueden verse ahora obligadas a ocuparse también de los reclusos varones.
Las funcionarias de prisiones son funcionarias civiles, no llevan armas en su trabajo y accedieron a sus puestos sin que se les exigiera ningún requisito físico ni la superación de ninguna prueba física. Se encargan de labores administrativas, de reinserción, del mantenimiento del orden, de la disciplina y de la seguridad dentro de su módulo, lo que significa evitar peleas, abusos, extorsiones y las actividades ilegales que descubran. Su trabajo implica acceder a todos los espacios por donde se mueven los internos, incluida la revisión de los servicios, las celdas y las duchas, para intervenir en los problemas que se planteen.