Un problema del divorcio rápido puede ser éste:
El CGPJ alerta de que el «divorcio exprés» del PSOE será un «coladero» para los inmigrantes ilegales
l Tras las críticas del Poder Judicial ante la falta de medios de los juzgados, López Aguilar elimina de su anteproyecto los plazos para obtener la resolución judicial l No será necesario esperar tres meses desde la unión si hay una denuncia por malos tratos
El anteproyecto de ley de reforma del divorcio, aprobado ayer en Consejo de Ministros, ha sentado como un jarro de agua fría en el Consejo General del Poder Judicial, que considera que «será un coladero para que los inmigrantes ilegales obtengan no sólo la residencia, sino también la nacionalidad», según aseguraron fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ ya alertó el pasado jueves de que los plazos que había establecido el Gobierno, dos meses para los procesos de conformidad y seis meses para los contenciosos, eran imposibles de cumplir ante el atasco que sufren los juzgados. Por ello, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar reculó ayer y eliminó dichos plazos de su borrador.
C. T. / M. C.
Madrid- El Consejo General del Poder Judicial cree que el anteproyecto de ley de reforma del divorcio, aprobada ayer por el Gobierno, «será un coladero para que los inmigrantes ilegales obtengan no sólo el permiso de residencia, sino también la nacionalidad española», según aseguraron ayer a este diario diversas fuentes del órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, las mismas fuentes vaticinaron un aumento de las denuncias por malos tratos entre dicho colectivo, ya que el simple inicio de un proceso judicial permitirá el divorcio antes de que se cumplan tres meses desde la boda. Desde el CGPJ se criticó también el pasado jueves los plazos que había establecido el Gobierno para que los jueces dictasen la resolución de divorcio, dos meses para los consensuados y seis para los contenciosos, ya que el atasco judicial existente en los juzgados lo haría imposible. Sin embargo, el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, excluyó ayer de su borrador los plazos citados, y el Gobierno se limitó a indicar en su reseña del Consejo de Ministros que «la reforma no estipula plazos para la resolución definitiva del proceso, puesto que esto es competencia de cada juez». Cuando se apruebe el anteproyecto –previsiblemente «a principios de 2005», según declaró López Aguilar– se separarán legalmente los conceptos de separación y divorcio y se acortarán los plazos necesarios para solicitar el fin de un matrimonio de dos años a tres meses. Asimismo, se suprimirá tanto la exigencia previa de la separación durante un año como la necesidad de alegar causas para la ruptura. La custodia de los hijos será compartida si ambos cónyuges así lo acuerdan, con lo que se pretende eliminar «la costumbre que tienen los jueces de otorgarla a las madres», en palabras del titular de Justicia, y se primará el interés de los menores para evitar que tengan que separarse de uno de sus progenitores o de alguno de sus hermanos. López Aguilar explicó que la reforma «reducirá el coste económico, procesal y emocional» de las rupturas. Respecto a la polémica suscitada en torno a la posibilidad de que se otorgue la custodia compartida de los hijos, el ministro aseguró que nunca se impondrá en contra del interés del menor, «contra uno de los cónyuges que no lo deseara o contra uno de los cónyuges que pudiera objetarla en términos que fuesen válidos para la justicia civil». El anteproyecto, explicó, prevé que en los divorcios de mutuo acuerdo los cónyuges presenten al juez un convenio regulador que incluya junto a la disolución económica del matrimonio la modalidad de custodia que se quiere mantener, acuerdo que deberá «validar» el juez. En los casos de litigio, el juez podrá otorgar esa custodia compartida «en interés del menor» y la nueva norma establece la posibilidad de que el magistrado pueda pedir el dictamen de especialistas. En cualquier caso, destacó Aguilar, «la filosofía es procurar no separar a los hermanos». A partir de ahora, se abrirá un proceso consultivo con asociaciones y organizaciones y se remitirá el anteproyecto al CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo de Estado y Consejo General de la Abogacía. Después deberá refrendarlo el Parlamento. El anteproyecto cuenta con una disposición que establece que la norma será de aplicación a todos los pleitos en curso, con lo que quienes estén en la actualidad a la espera de una sentencia de separación, cuando entre en vigor la ley podrán obtener el divorcio. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el Estado «pregunta a los cónyuges por qué se quieren separar» y «muchas veces pide pruebas». «No tiene sentido, nadie tiene que justificar por qué se casa y nadie tiene que justificar por qué se separa», alegó.
Clásico
Freak total
Forero del todo a cien
Asiduo
