Así pues, desde una concepción material de la habitualidad, lo relevante será constatar la afección al bien jurídico, esto es, la persistencia en el tiempo de un estado de violencia capaz de conculcar la seguridad de quienes mantienen o han mantenido con el maltratador ciertas relaciones de carácter familiar o análogo 16.
Esta es precisamente la línea seguida por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, la STS de 7 de julio de 2000 (Act. Pen. 791/2000), tras realizar un breve análisis de las distintas posibilidades interpretativas, adopta expresamente este criterio, en base a la siguiente argumentación: "La «habitualidad» que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia física dentro del ámbito de las relaciones familiares para integrar el delito autónomo del artículo 153 CP y antes el 425 CP de 1973 es una exigencia típica un tanto imprecisa que ha originado distintas corrientes interpretativas. La más habitual entiende que tales exigencias se satisfacen a partir de la tercera acción violenta; criterio que no tiene más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el artículo 94 CP establece a los efectos de suspensión y sustitución de penas.
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