Garzón imputa por falsificación a los tres peritos autores del borrador del ácido bórico
NIEVES COLLI/DOLORES MARTÍNEZ
MADRID.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado por un presunto delito de falsedad en documento oficial -que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de cárcel- a los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M en un documento en el que identificaron como ácido bórico la sustancia encontrada en la vivienda de Hassan El Haski -procesado por los atentados de Madrid e imputado en el sumario de los atentados de Casablanca (Marruecos)-, tras su detención en diciembre de 2004. Según un auto dictado ayer por el magistrado, los tres policías pretendieron dar carácter oficial a un dictamen que nunca lo tuvo simulando la fecha de creación y firma del mismo. Ese documento falsificado coincide con el que el pasado día 21 fue publicado por «El mundo», periódico que acusó a la Comisaría General de Policía Científica de haber ocultado información relacionada con los atentados de Madrid al juez Juan del Olmo.
Un documento «no oficial»
Los peritos imputados por Garzón son Isabel López Cidad, Pedro Manrique Manrique y Manuel Escribano Escribano. Según el relato de hechos del auto, el 21 de marzo de 2005, éste último presentó a su superior, Francisco Ramírez, el borrador que los tres policías habían redactado, texto que «en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial». Ramírez indicó a Escribano que «debían reelaborarlo» para «eliminar» ciertas observaciones que se «extralimitaban» de lo que se les había solicitado y que respondían «a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».
Ramírez -que ayer suspendió sus vacaciones para prestar declaración como testigo, pese a que el juez le había citado para el próximo 9 de octubre- se refería a la referencia sobre el hallazgo de ácido bórico en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca y, en 1999, en poder de un individuo perteneciente a grupos «antisistema». Esos «antecedentes» eran la base sobre la que los tres peritos ahora imputados se basaban para determinar una hipotética relación de ETA con el 11-M.
El propio comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, declaró el jueves ante Garzón que la corrección efectuada por el jefe de sección -Francisco Ramírez- estaba perfectamente justificada, pues sus subordinados le habían entregado un borrador y porque la referencia a ETA carecía de rigor científico y no era más que una «elucubración».
Escribano -sigue el relato de hechos del auto- se negó a realizar las modificaciones que le indicó su jefe y le «sugirió» que nombrara a otro perito, por lo que Ramírez «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias como jefe de sección», sin que conste que devolviera a Escribano «el original». El perito hizo entrega a su superior de una copia de su informe en soporte informático para que Ramírez pudiera trabajar con ella. El resultado es el «informe oficial» que, con fecha 22 de marzo de 2005, se entregó al juez «sin incluir las observaciones» que afectaban a ETA.
Dieciséis meses después, el 11 de julio de 2006, Escribano sacó de su archivo informático una copia del documento de 21 de marzo -es decir, de la versión sin corregir por Ramírez- y, tras pasarlo a la firma de sus compañeros, lo entregó «por medio de fotocopia» y con la fecha inicial al jefe de la unidad, José Andradas, «sin que en ningún momento aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005 sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006». Ayer mismo, la perito López Cidad -la primera que admitió la falsedad del documento- hizo entrega al juez de una copia del informe que, según reconocieron los tres policías, efectivamente firmaron el 11 de julio pasado y «que coincide con el publicado en el diario «El mundo» del día 21.09.06».
Según Garzón -que ayer ordenó el registro de las mesas de trabajo de los tres peritos-, este hecho prueba «indiciariamente la intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y cuatro meses después)».
Fuentes de la Audiencia Nacional explican que la entrega, el 11 de julio, por Escribano a su jefe Andradas del informe falsificado coincide en el tiempo la presentación de una batería de preguntas por el Grupo parlamentario Popular al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclarara los supuestos «agujeros negros» del 11-M. El ministro solicitó a la Policía los informes científicos y, a su vez, Andradas los recabó de sus subordinados.
En medios policiales, sin embargo, se llega a sugerir la posibilidad de que la recuperación del documento de 21 de marzo no tuviera como finalidad su entrega a un organismo oficial, sino «su filtración a un medio de comunicación».
Más datos sobre el ácido bórico
El reconocimiento por parte de los peritos de la manipulación del informe obligó al juez Garzón a suspender de forma inmediata sus comparecencias -que tuvieron lugar anteayer- para modificar su situación procesal: de testigos pasaron a ser imputados, condición en la que han sido citados de nuevo el próximo día 18 para prestar declaración asistidos por abogado.
Las fuentes antes citadas han explicado que Garzón aún no ha concluido las diligencias que abrió para aclarar las controversias surgidas en torno a los informes y a los usos del ácido bórico. Respecto a esto último, y a la vista de que, en contra por lo afirmado por sus compañeros, Escribano ha insistido en relacionar esta sustancia con otras empleadas por ETA, el juez ha solicitado a la Policía todas las referencias que sobre ella aparezcan en Internet. De hecho, Escribano admitió que nunca en su larga experiencia profesional se había encontrado con un caso en el que el ácido bórico se empleara con explosivos, pero aseguró que lo había leído en la red. La citada sustancia tampoco se ha hallado en ningún atentado cometido en España ni restos de la misma han aparecido en ninguno de los escenarios del 11-M.
El juez -que previsiblemente envíe el caso a los Juzgados de Madrid (competentes para investigar un delito de falsificación) cuando concluya su investigación- tampoco descarta citar a declarar a El Haski, que en otras comparecencias explicó que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas.
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