RAFAEL JORBA
Carles Puigdemont lo ha conseguido. “Damos miedo, y más miedo que daremos”, exclamó el sábado pasado ante medio millar de alcaldes reunidos en el paraninfo de la Universitat de Barcelona. La amenaza iba dirigida al Estado español, del que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario en Catalunya. No parece que sus palabras hayan hecho mella en el Estado, pero sí en los ciudadanos de Catalunya que no piensan como él o que se atreven a verbalizar en público sus dudas, como el caso del ya exconseller Jordi Baiget. La llamada revolución de las sonrisas enseña su verdadero rostro: la independencia exprés se está poniendo en marcha con una calidad democrática bajo mínimos. Basta con leer los borradores de las leyes de desconexión y el texto de la ley del Referéndum para constatarlo.
Pondré sólo un ejemplo. Se crea una Sindicatura Electoral de Catalunya, es decir, una junta electoral propia que, según el artículo 19 y de la disposición adicional de la ley de Referéndum, es un “órgano permanente” que se enmarca “supletoriamente” en la ley orgánica de Régimen Electoral General. Es decir, en ausencia de una ley electoral catalana (una de las competencias no desarrolladas de los estatutos de 1979 y del 2006), se legisla sobre el régimen electoral, obviando que este régimen, según el Estatut vigente, “es regulado por una ley del Parlament aprobada (…) por mayoría de dos terceras partes de los diputados” (artículo 56.2). Lo mismo sucede con las leyes de desconexión, de transitoriedad jurídica o como quiera que se llamen, que pondrán en marcha el “proceso constituyente” por mayoría absoluta (68 diputados) cuando la reforma estatutaria exige también una mayoría cualificada de dos tercios (90 diputados).
Asistimos a un proceso legislativo de baja calidad democrática que no sólo vulnera el Estatut, menosprecia la Constitución y no casa con la legalidad internacional que se invoca, incluido el código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia, sino que se efectúa de espaldas al Parlament. Este es el caso de la ley del Referéndum, que se presentó el martes en el auditorio del Parlament y en el Teatre Nacional, sin haber entrado en el registro de la Cámara, lejos de los usos de una democracia parlamentaria. En la exposición de motivos se apela a las Naciones Unidas y al Tribunal de La Haya, pero al paso que vamos tendremos que ser los ciudadanos los que pidamos amparo a esos organismos ante la huida hacia delante de la mayoría parlamentaria soberanista.
Si lo que pretendía el president Puigdemont es dar miedo, a fe que lo está consiguiendo. Pero desde el miedo no se construye un país ni se gana el respeto de los países vecinos. El 23 de octubre de 1992, coincidiendo con el 15.º aniversario del retorno del president Tarradellas, entrevisté para este diario a su viuda, Antonia Macià. Reproduzco una de sus reflexiones: “Cuando ya no era presidente, viajando por España, entramos en un restaurante de Segovia y la gente se puso espontáneamente en pie para aplaudirle”. Puigdemont da miedo. Tarradellas infundía respeto (y sólo tenía miedo de una cosa: de hacer el ridículo).
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