Vaya atropello judicial, es una autentica vergüenza.
Ahora esta "supuesta" brigada encargada de proteger a las mujeres va a perseguir a las muchachas ucranianas, sabiendo perfectamente que el porno en Ucrania esta prohibido y conlleva penas bastante duras.
Ni fiscal ni juez están teniendo en cuenta las graves consecuencias psicológicas y de rechazo social que pueden padecer estas jóvenes ucranianas, que solo buscaban un futuro mejor, tal vez unos eurillos para poder pagar su carrera o montar un negocio.
Esto pasa cuando investigadores fabuladores tienen acceso a las llamadas y comunicaciones de nuestro manatí, que fabulan y fabulan y fabulan y llegamos a menores ucranianas prostituidas en España
Además tenían una TP ucraniana, que seguramente ella ni lo sabría, a la que, por lo que parece, no habían vuelto a contactar, la habían dejado a su suerte por Ucrania estando al merced de una mafia según el relato policial, siendo ella misma, por su propia voluntad, la que se ha tenido que personar ante un notario para dar su testimonio e intentar desvincularse de este despropósito judicial
Yo de todo esto concluyo que la investigación ha puesto en grave riesgo a la denominada TP10, metiéndola como testigo protegido, sin informarle, en una causa contra una mafia ucraniana y habiéndola mandando de vuelta a Ucrania, poniendo en serio peligro su vida y la de su familia, por esto la denominada TP10 debe recibir una indemnización de entre 500.000 y 2.000.000 de euros.
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