"¿25.000 hectáreas para una banda de grullas que viene 15 días al año?", se pregunta, molesto. "Eso es una masacre", se queja el regidor, que sostiene que ampliar el espacio de protección perjudicaría no solo al ATC, sino también a los agricultores de una veintena de pueblos circundantes. Asegura que ya antes de conocerse la intención del Gobierno regional estas aves no gozaban de mucha simpatía en los alrededores porque provocan daños en los cultivos de cereal y cebada, la base económica de la comarca.
En las calles azotadas por el sol de Villar de Cañas cuesta encontrar un alma. Entre las pocas personas que se ven, muchas van ataviadas con chalecos fluorescentes. Trabajan en las obras surgidas al calor del proyecto nuclear. Suelen comer en una de las tres tabernas del pueblo. En el bar El Nido trabaja Natalia Cifuentes, de 23 años, hija de los propietarios del establecimiento. "Damos muchas comidas diarias", explica, sonriente. No son del pueblo, vinieron "por el ATC". Decidieron abrir por las perspectivas de negocio. Tienen la esperanza de que el proyecto no se suspenda, porque ya han renovado el local y han suscrito un contrato de renta por dos años más. "No sería mala idea, servir grulla asada", bromean tras la barra.