Los orígenes del incidente se remontan a 1989, cuando Randy Weaver, un seguidor de la identidad cristiana y miliciano de Idaho, vendió dos rifles de guerra a un agente encubierto del ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau), quedando citado a un tribunal.
Debido a un error del actuario del juzgado en el que fue denunciado, Weaver no se presentó en la fecha correcta, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra. Al saber ésto, Weaver se encerró en su cabaña, junto a su mujer, sus cuatro hijos y su amigo Kevin Harris, y amenazó con matar a cualquiera que se acercara. El 21 de agosto de 1992, un grupo de marshals (brazo uniformado del FBI), mató al perro de Weaver, por lo que éste salió de la vivienda, armándose un tiroteo en que murieron un marshal y Sammy, el hijo de 14 años del fugitivo.
Debido a lo anterior partió al lugar un comando de 50 miembros del FBI especialistas en rescate de rehenes, los cuales fueron informados de que Weaver estaba fuertemente armado, siendo instruidos para disparar contra cualquier adulto. Los agentes federales, vistiendo trajes de negro blindados, tuvieron otro tiroteo con los Weaver al día siguiente, durante el cual mataron a la esposa del dueño de casa, mientras ésta tenía en brazos a su hijo de diez meses.
A consecuencias del tiroteo fueron suspendidos cinco altos oficiales del FBI, así como su director Larry Potts. Además, el estado pagó 3,1 milones de dólares de indemnización a los Weaver por faltas en el procedimiento.
Más allá del caso en sí, su importancia radica en que por primera vez los grupos supremacistas blancos tuvieron mártires reales a manos del estado, que es quizá uno de los mayores objetivos de cualquier terrorista.