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Forero del todo a cien
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- 22 Jun 2005
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Primero se ilegaliza un partido político, Batasuna, no por su actividad delictiva, sino por ejercer su libertad de expresión. Y a continuación, si como de una epidemia se tratase, cualquier persona que haya podido tener relación con dicho partido, queda privado (sin sentencia de por medio) de su derecho a presentarse a ninguna elección, y, automáticamente contamina a cualquier otra persona con la que hubiera podido compartir lista electoral, aunque finalmente no pudiese ser presentada.
¿Cómo es posible privar a unos ciudadanos, que gozan de toda su capacidad legal, de presentarse a unas elecciones a través de agrupaciones de electores con todos los requisitos previstos? ¿Cómo a un partido legal se le pueden anular listas en determinadas circunscripciones?
De una ley ilegal, como la Ley de Partidos, no pueden derivarse más que resoluciones ilegales, ya que anulan derechos fundamentales recogidos en la vigente Constitución, que de esta manera queda inhabilitada.
Alcanzar la paz dialogada en Euskadi y España, es un objetivo ampliamente compartido por la sociedad, por mucho ruido y poder que tengan sus detractores. Pero esto requiere un proceso sin trampas ni atajos de ninguna clase. El ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos no puede ser una moneda de cambio, pues es un derecho inalienable de las personas. Por eso se equivoca el Gobierno, como ya pasó con anteriores atajos más dramáticos, si pretende negociar usando medios ilegales...
¿Cómo es posible privar a unos ciudadanos, que gozan de toda su capacidad legal, de presentarse a unas elecciones a través de agrupaciones de electores con todos los requisitos previstos? ¿Cómo a un partido legal se le pueden anular listas en determinadas circunscripciones?
De una ley ilegal, como la Ley de Partidos, no pueden derivarse más que resoluciones ilegales, ya que anulan derechos fundamentales recogidos en la vigente Constitución, que de esta manera queda inhabilitada.
Alcanzar la paz dialogada en Euskadi y España, es un objetivo ampliamente compartido por la sociedad, por mucho ruido y poder que tengan sus detractores. Pero esto requiere un proceso sin trampas ni atajos de ninguna clase. El ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos no puede ser una moneda de cambio, pues es un derecho inalienable de las personas. Por eso se equivoca el Gobierno, como ya pasó con anteriores atajos más dramáticos, si pretende negociar usando medios ilegales...