La consigna no escrita en muchas sedes judiciales es evitar en lo posible los juicios con jurado popular, dado que son "costosos y largos" y porque determinados delitos son complejos de explicar a ciudadanos legos en derecho. Y ahora están en caída libre: se han reducido en un 60% desde 1998. Ese año, los jueces tramitaron por esa vía 785 asuntos. En 2007, apenas 327, según datos del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La Asociación pro Jurado sostiene que judicatura intenta, mediante "triquiñuelas jurídicas, estrangular la institución del jurado".
"Se está estrangulando la institución"
CGPJ
(Consejo General del Poder Judicial)
A FONDO
Sede: Madrid (España) Directivo: Carlos Dívar Blanco (Presidente)
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Un tribunal está obligado a seleccionar a 11 ciudadanos (nueve titulares y dos suplentes) para enjuiciar a una persona sólo si la acusación contra ella es por homicidio o asesinato, coacciones, malversación de caudales públicos, allanamiento de morada, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos o incendio. Se les paga dieta, y comida y hotel cuando se reúnen a deliberar. Si la acusación contra el reo es por varios delitos, y al menos uno de ellos es distinto de los antes mencionados, entonces el hecho se juzga por los cauces normales.
La experiencia de los últimos 10 años revela las reticencias de jueces y fiscales a las vistas con jurado, dada la mayor dedicación y tiempo que necesitan. "Si un tribunal emplea un día en dirimir un juicio normal, con un jurado puede tardar una semana, o más", destaca un magistrado avezado en este tipo de juicios. Y aunque nadie lo confiesa en público, si se ve cualquier resquicio, se aprovecha para esquivar la institución del jurado.
Un fiscal de Madrid lo explica: "Es cierto que evitamos en lo posible las vistas con jurado. No tiene sentido movilizar a 36 ciudadanos, de los que luego se seleccionan once, para juzgar, por ejemplo, un allanamiento de morada. En este caso, se imputa también una tentativa de robo, lo que permite realizar un proceso normal". La memoria de la Fiscalía del Estado de 2005 tilda de "excesivos" los medios "personales y materiales" que hay que emplear para juzgar delitos no sumamente graves, como el del "allanamiento de morada", y pide una reforma que elimine del conocimiento del jurado delitos como éste. El informe aboga por simplificar la labor de los miembros del tribunal popular, eximiéndoles de tener que juzgar delitos "tan técnicos" como la malversación de caudales públicos. El 46% de las causas elevadas al jurado entre 1995 y 2005 fueron con preso; la mayoría por asesinato u homicidio. Un 88% de los casos sobre los que se pronunció el tribunal de ciudadanos legos resultó con una sentencia condenatoria, según el Poder Judicial.