esto es de expansion q no es precisamente facha:
ECONOMÍA Y POLÍTICA - Economía Europea 15/07/2006
Los inmigrantes avivan la factura del gasto
David Gracia. Madrid
Publicado: 07:00
Los extranjeros han sido uno de los detonantes económicos de España. Pero su gasto en prestaciones ha disparado la factura de algunas autonomías. Un coste que no cubre la aportación fiscal de este colectivo.
La llegada de más de tres millones de inmigrantes en los últimos cinco años a España ha supuesto una revolución social y, sobre todo, económica. La mayoría de expertos coincide en que su aportación al mercado laboral, al consumo y, en general, a la producción nacional, ha sido un elemento decisivo para el crecimiento de España.
Aunque, frente a esta aportación positiva, su desembarco también ha supuesto una mayor presión sobre los servicios sociales, cuyo sobrecoste recae en las comunidades autónomas. Algunos análisis han llegado a ver en la entrada de inmigrantes la tabla de salvación, a medio plazo, con la que apuntalar la solvencia del sistema de pensiones, ante la amenaza de envejecimiento de la población. Un informe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, sobre el Impacto Económico de la Inmigración en la Comunidad de Madrid desmiente esta teoría y confirma el coste público de este fenómeno.
La investigación, impulsada por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica que dirige Fernando Merry del Val y la de Inmigración de Lucía Figar, resume la innegable aportación de los inmigrantes en la economía regional: actualmente, éstos son los responsables de un 10% del volumen total del PIB autonómico y su llegada ha explicado 1,7 puntos del crecimiento anual desde 1999. Pero, desde un análisis de ingresos y gastos, el saldo no es tan positivo: el aporte global de los inmigrantes residentes en Madrid a la Hacienda estatal ascendió a 1.115 millones de euros en 2005; mientras que su gasto en servicios sociales, sanidad y educación se elevó a 1.374 millones.
“Desde un punto de vista cuantitativo, el aporte fiscal que realizan los inmigrantes es exiguo”, argumenta el estudio. Según éste, cada inmigrante paga una media anual de 1.468 euros en concepto de IRPF, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social. Mientras que sus gastos en servicios sociales, sanidad y educación ascienden a 2.097. Por lo tanto, cada extranjero genera un saldo negativo de 629 euros anuales a las arcas públicas.
Salarios más bajos
El caso de Madrid, una región que acapara al 24% de los inmigrantes que viven en España, es equiparable al de otras autonomías con fuerte atracción migratoria como Cataluña, Valencia o Andalucía.
Un inmigrante económico –aquel que no proviene de países desarrollados como Estados Unidos o la UE– gana un sueldo medio de entre 700 y 900 euros mensuales, un 30% menos que un español que realice la misma labor.
Con una base salarial inferior, una propensión al consumo menor y una tasa de ahorro cercana al 35% –frente al 11% de los españoles–, es lógico que la contribución fiscal de los extranjeros sea inferior a la de cualquier otro ciudadano medio. Por ejemplo, casi toda la recaudación del IRPF de este colectivo se realiza por medio de las retenciones –180 euros al año–, ya que sus rendimientos del trabajo no superan el límite de la obligación para declarar la renta.
Lo mismo ocurre con los impuestos que gravan el consumo (IVA). La cesta de la compra de un inmigrante cuesta 3.995 euros al año, frente a los 6.577 de un español medio. Esto es debido tanto a su menor poder adquisitivo como a su mayor tendencia al ahorro –que destinan al envío de remesas–.
De este fenómeno no quedan exentas tampoco las cotizaciones a la Seguridad Social, que suponen el 65% de los ingresos públicos provenientes de los inmigrantes. La menor calidad de sus puestos de trabajo, también reduce potencialmente su aportación: en Madrid, los inmigrantes suponen un 12% de los afiliados a la Seguridad Social, pero sus cotizaciones, apenas llegan al 6% del total.
Mientras, en el lado del gasto, la balanza es distinta. La población inmigrante en Madrid representa el 12,1% del total. Sin embargo, consume el 46% de la factura en programas sociales de la región, entre los que se incluyen, prestaciones por desempleo, fomento de la inserción laboral o seguridad ciudadana, entre otros. En el campo de la educación, un alumno extranjero cuesta anualmente 2.976 euros, cien más que un nacional. Y en el de la Sanidad, un paciente foráneo gasta una media de 502 euros año, menos de la mitad que un español, debido su baja edad media.
Con estos desajustes entre ingresos y gastos, no es de extrañar que muchas comunidades exijan al Gobierno que la inmigración y su influencia sobre las arcas regionales sea uno de los elementos clave en la próxima reforma del modelo de financiación.
Pero tampoco se pueden negar los beneficios de este fenómeno.
Un estudio reciente de Caixa Catalunya estima que sin la llegada de casi cuatro millones de personas desde 1995, el PIB hubiese crecido dos puntos menos cada año. Además, calcula que en este periodo, también facilitó una mejora del PIB per capita del 140%. Este grupo ha ocupado uno de cada tres nuevos empleos y su incorporación al mercado laboral ha permitido controlar la subida de los salarios y restar presión a la subida de los precios.
Aunque, como alertaba recientemente el ex gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, “las perspectivas de envejecimiento son tan marcadas que es improbable que la inmigración resuelva los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas”.
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