Para complicar más la lucha antidopaje, la vida media de la EPO en sangre es de 24 horas, por lo que no se suele detectar en análisis después de dos días de haber sido administrada vía inyectable. Además, los análisis son complejos y costosos, y muchos laboratorios no están certificados y homologados para tal fin. Ante estas limitantes, las agencias antidopaje han puesto como práctica la realización de controles sorpresa (coloquialmente llamados "vampiros"), por lo que los atletas deben informar de modo previo a sus desplazamientos y así estar localizables en todo momento.
Generalmente, se hace al deportista una doble muestra de sangre y orina, analizando primero los valores de sangre. De haber sospechas por las variables obtenidas, se realiza entonces el test de orina que es más preciso, aunque también más largo y costoso. De confirmarse positivo, la sanción usual por consumo de EPO es la suspensión, no pudiendo el deportista competir durante los siguientes dos años. Lo usual en casos positivos es que el deportista reaccione públicamente, negando el consumo y prometiendo agotar todos los recursos para demostrar su inocencia. En caso contrario, admite el consumo de una sustancia prohibida, pero como parte de un tratamiento médico y/o por indicaciones de un tercero de su entorno como pudiera ser el entrenador o director del equipo.